Oaxaca- Hoy se cumple un nuevo aniversario de las reglas adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, recientemente renovadas mediante la adopción de las “Reglas Nelson Mandela”. En este contexto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda la reciente emisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal y hace un llamado a las autoridades de todo el país para lograr su pronta y eficaz implementación. La Ley Nacional de Ejecución Penal es una ley de avanzada para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y un importante paso en esta materia que se enmarca en las importantes transformaciones que México ha experimentado en sus sistemas de justicia penal y de derechos humanos. Entre otros aspectos de la nueva Ley, resaltan la recuperación de los más altos estándares internacionales sobre condiciones de detención; el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como titulares de derechos; el enfoque diferenciado en su tratamiento; la creación de procedimientos administrativos y judiciales para la exigibilidad de sus derechos, y el control de la ejecución penal a través de juzgados especializados que respondan a los principios de independencia e imparcialidad. Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, subrayó que “las personas privadas de la libertad debe ser tratadas con pleno respeto a su dignidad. Actualmente, en muchos centros penitenciarios del país se pueden observar preocupantes condiciones de hacinamiento y una organización interna que no distingue entre personas procesadas y sentenciadas, entre otras problemáticas. Evidentemente, las personas en situación de cárcel son privadas de algunos de sus derechos pero deben conservar otros e incluso adquirir derechos propios en ese contexto.” “La efectiva implementación de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal constituirá un eslabón fundamental para favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida en las prisiones, en beneficio de las poblaciones carcelarias y de la sociedad en su conjunto pues contar con prisiones en las que impere la ley es una forma eficaz de revertir la violencia y el delito”, añadió el Sr. Jarab.