Las características de los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto del país presentan múltiples similitudes: La importancia de un espacio estratégico para el comercio o el trasiego de armas, narcóticos, gas, petróleo, o la extracción de éstos y otros recursos; la entrada de gran capital trasnacional en asociación con oligarcas mexicanos; el incremento y diversificación de grupos especializados en cometer ejecuciones, desapariciones, tortura, que tienen acceso a armamento y hacen uso de estrategias policiales y militares; así como la manipulación de la opinión pública principalmente en radio y televisión que sólo muestra un enfoque amarillista y parcializados de los casos ante la denuncia por parte de los medios independientes y organizaciones populares que señalan la participación de grupos gubernamentales y empresariales con poder económico, político y armado que muchas veces rebasan las fronteras nacionales.

A partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la política de Guerra de Baja Intensidad ha acatado fielmente el planteamiento de guerra psicológica de la agenda norteamericana, el terrorismo internacional se inventa como el nuevo enemigo a combatir para justificar invasiones militares, mientras que en México, desde el Estado se articula a grupos criminales con alto conocimiento militar para después, con el pretexto del combate a la llamada Delincuencia Organizada se persiga a las organizaciones y personas que se oponen al régimen, además de atacar al pueblo en general.

A partir de la Guerra de baja Intensidad, también se ejecuta la violencia de género que tiene en el feminicidio una de sus más crueles culminaciones, éste tipo de crímenes lleva per se formas de destrucción humana en un contexto en el que la estructura del gobierno mexicano y el Estado mismo, se encuentra en un alto grado de descomposición, tal como lo manifiestan también hechos como el descaro con que actúan los perpetadores de fraudes financieros al erario, siempre con participación de funcionarios públicos, la impunidad que permite a los agentes del Estado cometer crímenes de lesa humanidad, como las múltiples desapariciones forzadas, tortura en campos militares e instalaciones de policía, la utilización de grupos paramilitares para destruir procesos organizativos que plantean un proyecto diferente de país, que se presenta mayoritariamente contra comunidades indígenas.

La implementación del Terrorismo de Estado, como una de las formas en las que se hace evidente la Guerra de Baja Intensidad, es una medida ejercida para controlar el descontento social y conducir, fomentar y prolongar violencia contra el pueblo mexicano, necesaria para beneficiar a una oligarquía nacional y transnacional que pretende mantenerse en el poder, a costa de millones de vidas humanas. Es decir, la violencia de género en México, es otro de los elementos con que se lleva a cabo la opresión de clase, seguida de las formas de discriminación étnica, racista, xenofóbica, migrante.

Se ha documentado desde la historia que los grupos oligárquicos que operan detrás del Estado Mexicano emplean mafias como mecanismo para eludir su responsabilidad en las crisis económicas y políticas que sobrevienen en el país por el sistema económico que impera, así mismo las emplean para destruir el tejido social por medio del pánico, miedo y terror, con ello, generar condiciones de violencia y desconfianza entre la población para evitar que se unifique en procesos organizativos que modifiquen radicalmente las condiciones de vida del pueblo.

Durante décadas el gobierno mexicano ha parido a sus enemigos internos y criminalizado a aquellos que luchan y se organizan contra este sistema de opresión para justificar tácticas policiaco-militares-paramilitares en contra del pueblo: narcoterrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, insurgencia criminal, son algunos ejemplos. No obstante, investigaciones periodísticas dan cuenta de que estos grupos han sido entrenados por el ejército. En sí la delincuencia organizada se construye a partir de grupos de elite con entrenamiento militar en tareas de guerra contra el pueblo o contrainsurgencia, por lo que se señala que gran parte de los casos de feminicidio en Puebla y México corresponden a una forma más en la que el Estado Mexicano y la oligarquía encubierta detrás del mismo, opera la violencia y el terror con fines muy claros, prolongar su estancia en el poder y eliminar a todas las formas posibles de oposición.