Anayeli García Martínez/Cimacnoticias

Ciudad de México.- -Las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación sexual por parte de militares en 2002, acusaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad la sentencia que este tribunal emitió hace seis años. El 1 de octubre de 2010, la CoIDH publicó dos sentencias en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas que, en hechos diferentes, fueron violentadas sexualmente por soldados en el estado de Guerrero en 2002, y por tanto ordenó diversas medidas para reparar el daño, mismas que a seis años de los hechos aún no han sido acatadas, según dijeron las indígenas. Para revisar el cumplimiento de las sentencias, este martes de 3 de mayo la CoIDH tuvo una audiencia en la que no estuvieron presentes Inés y Valentina, pero enviaron un mensaje en video para denunciar que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha cumplido todos los acuerdos, y que aún falta que entren en operaciones un centro de salud y un centro comunitario en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Inés, quien fue violentada en la comunidad de Barranca Tecuani, cuando tenía 25 años de edad, expuso los retrasos en el cumplimiento de la sentencia: “Lo que yo quiero es justicia por todo lo que me hizo el Ejército. En mi experiencia no se ha cumplido el acuerdo en relación al centro de salud que tiene que brindarnos la atención médica. Lo otro es el centro comunitario”. A su vez Valentina, quien fue agredida en un arroyo cerca de su casa en Barranca Bejuco, a los 17 años de edad, aseguró que aún no hay castigo para sus torturadores. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones civiles que acompañan a las víctimas y que llevaron los casos hasta el sistema interamericano, dijeron que son las mujeres y sus representantes legales quienes han impulsado avances en el cumplimiento de los fallos de la CoIDH. En un comunicado, las organizaciones señalaron que gracias a la tenacidad de las víctimas, en diciembre de 2013 cuatro militares fueron detenidos por su presunta responsabilidaden la violación sexual; uno de ellos murió, pero los otros tres están en un proceso judicial ante el fuero civil. No obstante, las agrupaciones humanitarias también expresaron su preocupación por los obstáculos que han enfrentado ambas mujeres para acceder plenamente a la justicia, y es que –explicaron– uno de los implicados en el caso de Inés fue asesinado en una prisión militar, sin que hasta ahora se conozca el contexto en el que ocurrieron los hechos. Tanto para Inés Fernández como para Valentina Rosendo, los juicios contra los perpetradores son claves para obtener justicia, por lo que Cejil y Tlachinollan advirtieron que hasta que haya sentencias firmes habrá reparaciones en materia judicial. En la audiencia también se informó a la CoIDH de las medidas que aún no son implementadas y que servirían para garantizar la no repetición de hechos similares, tales como acciones legislativas y políticas públicas, incluyendo la estandarización de protocolos para la investigación de violaciones sexuales. Las organizaciones también citaron la falta de programas y cursos de capacitación para investigar casos de violencia sexual; la falta de capacitación y formación en Derechos Humanos (DH) a integrantes de las fuerzas armadas; y servicios de atención a víctimas de violencia sexual en Guerrero. Finalmente, durante la audiencia se reiteró que las reformas al fuero militar no han sido completamente cumplidas, ya que en abril de 2014 se acotó el fuero de guerra, pero sólo en casos de graves violaciones a DH, es decir, la obligación de que soldados acusados de delitos de esta naturaleza sean investigados y juzgados en tribunales civiles, para garantizar la independencia e imparcialidad judicial. Cejil aseguró que si bien en los casos de Inés y Valentina hubo detenidos, el proceso avanza “lentamente” y todavía no hay personas sancionadas, por lo que aseguró que las reparaciones de parte del Estado mexicano aún son incompletas, pues no se formulan de manera coordinada y no integran las perspectivas de género, interculturalidad y de DH. Ante ello, las organizaciones pidieron a la CoIDH que inste al Estado mexicano a transparentar las diligencias judiciales, y que se evite la revictimización de las mujeres.