Ciudad de México.- La Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-MUJERES); la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en México, rechazan la reforma a la Constitución Política de Veracruz aprobada el día de ayer por el Congreso del Estado, a iniciativa de su Gobernador, mediante la cual se garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción. La reforma aprobada compromete los derechos de las mujeres. Para ONU-MUJERES, ONU-DH y UNFPA, la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ya sea por causas estructurales, legislativas, políticas o de cualquier otra índole, les afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad; impacta su desarrollo y el de sus familias; incrementa la discriminación y el riesgo de violencia contra ellas, y conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna. La reforma aprobada supone una regresión, contraria al artículo primero de la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por México, en el reconocimiento de los derechos humanos, puesto que podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como provocar un efecto inhibitorio en los prestadores de dichos servicios. La reforma constitucional de Veracruz es particularmente reprobable considerando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, desde sus Observaciones Finales en relación a México adoptadas en 2012, externó su preocupación por que “las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos”. El citado Comité expresó que su preocupación se mantenía “aun cuando esas enmiendas no hayan modificado los motivos jurídicos ya establecidos para practicar un aborto”. ONU-Mujeres, ONU-DH y UNFPA subrayan que en la regulación del marco de derechos humanos, el Estado mexicano y todas sus instituciones están obligados constitucionalmente a respetar el Estado laico que permita el libre desarrollo de la personalidad, favorezca la tolerancia y la convivencia, sin discriminación alguna, de las diversas creencias de sus habitantes. Finalmente, ONU-MUJERES, ONU-DH y UNFPA reiteran su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.