Sididh Oaxaca.-Decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos lamentaron el viernes pasado que la reacción del gobierno ante el informe de país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya sido “la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos”, y recordaron que el pronunciamiento conjunto de la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos. El informe de país presentado el jueves 3 de marzo por la CIDH, como resultado de su visita in loco a México en octubre de 2015, ratificó que México vive una grave crisis de violaciones a los derechos humanos y llamó al Estado mexianos a romper el círculo de impunidad. Aunque reconoció avances en el plano legislativo y de creación de políticas públicas, destacó que “la respuesta estatal sigue siendo insuficiente”. El informe de la CIDH señaló como el origen de la violencia actual la política de seguridad militarizada de combate a las drogas; ubicó también a la impunidad que rodea a los crímenes de la Guerra Sucia como condición de la actual y señaló la implicación de fuerzas de seguridad con el crimen organizado. “El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por megaproyectos”, reconocieron las organizaciones defensoras.  “Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia”. Las y los defensores de derechos humanos llamaron a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. “Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana”, finalizaron.