Oaxaca.-Garantizar el acceso a la justicia de las personas indígenas a la jurisdicción del Estado no se trata de ninguna concesión ni dádiva, sino de elemental justicia, que debe facilitar el Estado mexicano” señaló la Diputada federal Mariana Benítez Tiburcio al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al procedimiento penal especial para pueblos y comunidades indígenas. El proyecto elaborado por la oaxaqueña y el coordinador de la bancada priista, César Camacho Quiroz, establece que el Estado debe garantizar a cualquier indígena que participe en un proceso penal un defensor o asistente jurídico que conozca su idioma o sus tradiciones, quien deberá asistir a la víctima o al imputado desde la notificación o presentación de la denuncia, hasta la conclusión del procedimiento penal. Ante el pleno, la legisladora de raíces zapotecas, explicó que la propuesta solicita que la reforma en materia procedimental penal contemple la inclusión de los derechos específicos de las personas indígenas para que por primera vez, no queden al margen de los cambios normativos, y de esta forma se puedan garantizar el pleno goce de sus derechos. La iniciativa presentada ante la más Alta Tribuna de la Nación, “Busca ir un paso adelante en la consolidación de un Nuevo Sistema de Justicia Penal vanguardista, como el de las sociedades multiculturales más avanzadas, que efectivamente sea garante de derechos y congruente con los principios democráticos del Estado Mexicano, en un país con más de 10 millones de personas indígenas, que representan la grandeza cultural de México y que merecen tener los beneficios que merecen”, recalcó la Diputada. Mariana Benítez subrayó, “La realidad es que cuando una persona indígena es parte de un procedimiento penal, no contemplan su idiosincrasia ni lengua diversa al español, lo que le deja en desventaja frente a la contraparte no indígena, convirtiendo los elementos culturales y lingüísticos en diferencias sustanciales que impiden su acceso efectivo a la justicia estatal”. La iniciativa impulsada por los legisladores, tutela el derecho a la libre determinación que tienen las comunidades indígenas, que les faculta a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, siempre que respeten los derechos humanos y, en especial, la dignidad y derechos de las mujeres. El proyecto promueve el respeto a los métodos tradicionales de represión de delito como un derecho de las comunidades indígenas, en observancia del sistema jurídico nacional y de los derechos humanos. El proyecto de decreto propuesto por Benítez Tiburcio y Camacho Quiroz, abona al principio de inclusión social que va acorde a los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos indígenas, que además están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A esta iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su dictamen, se unieron: el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el diputado Cándido Coheto, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Francisco Martínez Neri; las diputadas oaxaqueñas Yarith Tannos y Karina Barón y la legisladora por Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes.