Oaxaca.-Las personas privadas de la libertad son un grupo en situación de vulnerabilidad y en varias ocasiones se ha documentado que sufren violaciones a derechos humanos, lo cual deja al descubierto las carencias estructurales del sistema penitenciario, que requiere mejoras factibles al aplicar la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, con su amplio enfoque en esos derechos, señaló el director de Políticas Públicas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, José Julián Santiago. Durante el acto inaugural del foro “Perspectiva de la Ley Nacional de Ejecución Penal y su aplicación en el estado de Oaxaca”, Julián Santiago resaltó que, debido a que las personas privadas de su libertad se encuentra bajo la custodia del Estado, éste es el responsable de propiciar por medio de sus acciones un sistema penitenciario que permita la promoción, el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos de las personas en situación de reclusión. El representante de la Defensoría agregó que el proceso de implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal es una oportunidad de cambio, pues este nuevo instrumento legal permite la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos como un eje clave dentro del sistema penitenciario. Ante el subsecretario estatal de Prevención y Reinserción Social, Víctor Alonso Altamirano, así como del director General de Reinserción Social, Heriberto Antonio García, Julián Santiago señaló que la Ley Nacional de Ejecución Penal es un instrumento que requiere, para su adecuada ejecución, el compromiso de todas las instituciones y dependencias de gobierno para realizar los cambios necesarios dentro del sistema penitenciario. El titular de la Dirección de Políticas Públicas de la Defensoría llamó a las instituciones involucradas en el sistema penitenciario a que realicen las acciones necesarias para que no solo dar a conocer la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino para que impulsen una reflexión necesaria para la adecuada implementación de este instrumento jurídico, cuyos efectos se reflejen en el mejoramiento del sistema penitenciario. Julián Santiago resaltó que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca asume la obligación de sumarse a este proceso de cambio, que implica un compromiso institucional de cada una de las personas involucradas dentro del sistema penitenciario para lograr la reinserción de quienes se encuentran privados de su libertad. Durante su intervención en la inauguración, el subsecretario de Prevención y Reinserción Social Alonso Altamirano reconoció la importancia de difundir la Ley Nacional de Ejecución Penal entre los servidores públicos, necesaria para realizar su adecuada aplicación, y añadió que hacerlo desde la perspectiva de los derechos humanos ayudará a entender mejor el propio espíritu de la ley. Alonso Altamirano celebró la colaboración entre la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y la Secretaría de Seguridad Pública por medio de esta actividad, pues permitirá a ambas instituciones entender mejor sus roles dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como fortalecer la relación entre ambos organismos públicos, pues para la implementación es fundamental, ya que la base de esta ley son los derechos humanos.