Oaxaca.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó hoy el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), fenómeno no reconocido oficialmente que está directa e indirectamente vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos, el cual comenzó a ser notificado en días pasados. Mediante este Informe Especial –resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas—, el Organismo Nacional busca exponer y visibilizar dicho flagelo, provocar la acción estatal en favor de la prevención y establecer esquemas de atención a las víctimas bajo un perfil humanitario, con acciones efectivas y soluciones duraderas, para el retorno de las personas desplazadas a su lugar de origen o su reasentamiento. Así lo dio a conocer el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó la necesidad de que el Estado mexicano reconozca oficialmente la existencia de este problema, adopte una postura unívoca respecto del mismo y emprenda acciones específicas para su atención, como la creación de una ley general en la materia, que establezca el marco jurídico base para la distribución y determinación de la concurrencia de atribuciones y obligaciones de las autoridades del Estado mexicano sobre el tema. El Presidente de la CNDH dio a conocer que este Organismo autónomo cuenta ya con una propuesta de Protocolo de Atención a las personas víctimas de DFI, que en breve será presentada con el fin de que sea tomada en consideración por las autoridades correspondientes. “Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”, afirmó. Destacó que “la violencia, la inseguridad, la impunidad y, en términos generales, la debilidad de nuestro Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país, un número considerable de mexicanas y mexicanos  abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia”. En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que estuvo acompañado por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa, González Pérez señaló que por las características propias del fenómeno no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México, cuya magnitud y alcances reales aún deben investigarse y determinarse de manera objetiva e integral. “Las dificultades para abordar este tema –explicó— empiezan desde el hecho de que no exista dentro del sistema jurídico mexicano, una norma que establezca qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo. Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”. Detalló que el DFI implica la vulneración, directa e indirecta, de derechos humanos como los relativos a la circulación y residencia, a la salud, seguridad personal, seguridad pública, seguridad alimentaria, al trabajo y a la educación. El Presidente de la CNDH alertó sobre la atención a este fenómeno, que demanda la acción coordinada de los gobiernos federal, estatal y municipal, ya que lo hecho hasta ahora son acciones aisladas, centradas en apoyos asistenciales temporales, sin planeación integral ni diagnósticos serios y confiables. Añadió que dicho esfuerzo debe culminar en un registro nacional implementado bajo estándares internacionales, así como considerar medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados. González Pérez puntualizó que si bien el DFI no es nuevo en el país, éste es el primer informe emitido por un órgano del Estado mexicano sobre el tema, donde se analizan sus causas, manifestaciones y principales problemas de nuestro país, en el que se proponen algunas medidas y acciones preventivas, así como protección a las personas desplazadas. Al ahondar en los detalles del Informe Especial, que arroja cifras propias del trabajo de esta Comisión Nacional, el Quinto Visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, informó que servidores públicos de dicha área levantaron 166 actas circunstanciadas en diferentes lugares del país producto de las entrevistas y testimonios que obtuvieron, en los que se da real cuenta de la situación; aplicaron 1,000 cuestionarios en 63 municipios de las 32 entidades federativas mediante los cuales se recabó información precisa sobre la existencia de víctimas de desplazamiento forzado interno; de igual manera se solicitó información a distintas autoridades federales, estatales y municipales y se analizaron  informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, criterios y argumentos de carácter doctrinal, normativo y jurisprudencial, y se consideraron testimonios de víctimas de dicho fenómeno. En el Informe Especial se citan otros estudios sobre el alcance numérico del desplazamiento forzado interno, con independencia de ello, lo que se apunta aquí es el resultado obtenido por la Comisión Nacional a través de los testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios en donde se detectó a 1,784 personas que dijeron haberse desplazado, además se detectó a 35,433 personas víctimas del DFI, referenciadas por autoridades estatales y municipales, así como por víctimas de desplazamientos y otras personas que las conocieron, en tanto que distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6,685 víctimas más y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5,364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16,092 personas. Dijo que las cifras deben considerarse como muestra de la magnitud del problema, por lo que deben obtenerse datos precisos mediante un censo que verifique la cantidad de víctimas. Corzo Sosa indicó que como resultado del análisis de la información obtenida se concluye que el DFI no ha sido visibilizado ni las victimas atendidas en forma adecuada para proteger o garantizar sus derechos humanos; aunque algunas instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil reconocen la existencia del fenómeno, no hay postura uniforme del Estado mexicano en ese sentido; se carece de acción coordinada de los tres niveles de gobierno para hacer frente al problema y atender las violaciones a derechos humanos; falta que este fenómeno sea una constante en el discurso gubernamental, y se carece de un diagnóstico nacional y oficial sobre el DFI en México. El Quinto Visitador General de la CNDH apuntó que las propuestas de este Informe Especial están dirigidas a diversas instancias de los tres niveles de gobierno relacionadas con el tema, como las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública, de Salud, Congreso de la Unión, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como Gobiernos de las entidades federativas, Congresos locales y Gobiernos municipales que enfrentan una situación de DFI. Entre las propuestas destacan la creación de una política pública integral y transversal en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas; formular protocolos de actuación para autoridades, corporaciones y funcionarios del Ejecutivo federal; generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, organismos internacionales, sociedad civil organizada y sector privado. También, coordinar a las instituciones gubernamentales competentes para implementar mecanismos para el acceso de la población desplazada a programas sociales; implementar medidas para garantizar a las víctimas el goce de los derechos que les reconoce la Ley General de Víctimas; implementar mecanismos para el acceso de la población desplazada a programas de empleo; implementar  mecanismos para el acceso de población desplazada –especialmente niñas, niños y adolescentes— a programas de educación obligatoria en todo tiempo y respuesta positiva para quienes carecen de documentación. Previa reforma constitucional, realizar un estudio para determinar la viabilidad de expedir una ley general sobre DFI, donde se plasmen derechos de víctimas, deberes del Estado y acciones de prevención y control; incorporar en los censos de población nacionales preguntas sobre el DFI y atender de manera inmediata a las poblaciones víctimas de este fenómeno, asignando recursos humanos y materiales para cubrir sus necesidades prioritarias. El Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, que ya fue debidamente notificado a sus destinatarios, puede ser consultado en la página www.cndh.org.mx