San Raymundo Jalpan.- El diputado del Partido Unidad Popular (PUP) Santiago García Sandoval, presentó ante el Pleno Cameral una Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un título segundo BIS a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de Oaxaca, bajo el título de Juicio de Residencia de conformidad. En su exposición de motivos el representante popular dijo que la corrupción entendida en su expresión más elemental como el uso y abuso de los recursos del pueblo y del Estado por parte de los funcionarios públicos, para fines personales ha sido una constante en las últimas décadas. Y en este sentido las Leyes en la materia son inútiles para detener este fenómeno que se ha convertido en práctica cotidiana de los funcionarios públicos oaxaqueños. García Sandoval, señaló que si bien el Sistema Nacional Anticorrupción busca disminuir este fenómeno en el ámbito nacional, que desde luego incluye al estado de Oaxaca, no será posible tener éxito en la materia si no se incluye a los ciudadanos, tal como lo propone la Iniciativa. “La corrupción de los gobernantes y su falta de responsabilidad ante los ciudadanos ha sido regulada a través del juicio político, sin embargo, este instrumento es ineficaz e inútil para detener el fenómeno aquí tratado. La naturaleza política de este medio impide ser eficaz para combatir la corrupción”. El legislador aseguró que habría que explorar la aplicación de otras normas que permitirán un combate mucho más efectivo. Ejemplo de ello, señaló, es el Juicio de Residencia que se instituyó durante el Virreinato en la Nueva España, institución que de acuerdo a la información disponible, fue muy eficaz para combatir a la corrupción de los funcionarios novohispanos. García Sandoval manifestó que el Juicio de Residencia no solo fue un procedimiento de combate al enriquecimiento ilícito de los funcionarios sino que también de su irresponsabilidad y de su incapacidad en el ejercicio de la función pública. “No cabe duda que el Juicio de Residencia aquí propuesto tendrá una importancia vital en la gestión administrativa, así como en el control real sobre los funcionarios de Gobierno”, puntualizó. Entre los artículos del Título propuesto por el legislador destacan los que establecen que el Juez conocerá del servidor público a residenciar y en su caso de la suplencia de aquél a partir de la denuncia del funcionario. De igual forma los costos del juicio serán cubiertos por el residenciado, antes de dictar la sentencia. La Iniciativa con Proyecto de Decreto fue enviada a las Comisiones Permanentes Unidas Instructora y de Administración de Justicia.