Lilia TORRENTERA Oaxaca.-La asamblea general ciudadana de Monte del Toro, Ejutla de Crespo, denunció el hostigamiento de Alfredo Ramírez Gómez,  Subdelegado de Conciliación Agraria de la Procuraduría   quien por ordenes de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Roblez Berlanga pretende dividir su ejido y facilitar la expansión de la minera transnacional  “Fortuna Silver Mines”. Ejidtarios expusieron que Ramirez Gómez se presentó en las oficinas del Comisariado de Bienes Ejidales los días 14 y 20 de enero pasado para exigir  a las autoridades la inmediata separación de parcelas ubicadas en la agencia municipal de La Noria. El funcionario federal argumentó que  ésta división procede por órdenes de "su jefa", es decir Robles Berlanga. Sin embargo, los ejiditarios precisaron que Monte del Toro no ha solicitado dicha separación, además de que no existen conflictos  agrarios con su  comunidad vecina. Señalaraon que desde el año pasado Ramírez Gómez, presiona a diversos núcleos agrarios para vender o dividir sus ejidos que limitan con San José del Progreso y así facilitar a la contaminante minera canadiense su expansión .Por ello, denunciaron que estas acciones de la Procuraduría Agraria  pertenenciente a la SEDATU, tienen el fin de despojar a las comunidades oaxaqueñas de su riqueza natural.

Dieron a conocer en un comunicado que "para  defender nuestros territorios por la vía legal y pacífica,  el 8 de noviembre del año pasado junto con otras comunidades y ejidos del distrito de Ejutla declaramos nuestro territorio como “prohibido para la minería”.

Exigieron la Procuraduría Agraria,  respetar  lo establecido en el artículo 5, fracción VIII de su reglamento interno, el cual precisa que "esta dependencia tiene la facultad de promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.

Externaron que la asamblea  comunitaria, "reitera su rechazo rotundo a otorgar dominio pleno sobre las parcelas de las y los ejidatarios, así como su separación, ya que esto es una condición legal que favorece a la empresa minera “Fortuna Silver Mines” en perjuicio y despojo de nuestro ejido."

Solicitaron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,  (DDHPO) para que realice una investigación sobre la actuación de las empresas mineras en la región, así como un monitoreo sobre las posibles violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas producidos por esta actividad económica.

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Mapa: Observatorio de Derechos Territoriales

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