Denuncia penal contra empresa extranjera por hotel ilegal en Chila

Oaxaca.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UIDAPLE) de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del Administrador Único y Gerente General de la empresa Éxito Resorts S.A de C.V., por la construcción ilegal de un hotel en la localidad de Bajos de Chila, Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca.   Lo anterior derivado de una visita de inspección por parte del personal de Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad, donde constató el cambio de uso de suelo en terernos forestales sin contar con la autorización para construir un hotel en las costas de Oaxaca.   La PROFEPA opera bajo un nuevo protocolo de responsabilidad penal de empresa, mediante el cual se analizan los diversos cargos dentro de una corporación a efecto de determinar quién o quiénes pueden resultar responsables de la comisión de delitos e infracciones que atentan contra el ambiente.   La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental prevé los supuestos de responsabilidad por daño ambiental en el contexto empresarial, y faculta a la PROFEPA para ejercer acciones judiciales de responsabilidad ambiental en contra de empresas a efecto de que se impongan multas hasta de cuarenta millones de pesos, y el Poder Judicial de la Federación ordene la restitución del entorno.   De la misma manera el artículo 13 del Código Penal Federal prevé quiénes son los autores y partícipes de un delito cometido en el contexto jerárquico funcional de una corporación.   A la fecha, la empresa denunciada enfrenta siete procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por la PROFEPA, dentro de los cuales se han impuesto multas totales de 5.8 millones de pesos y la Clausura Total Temporal de las actividades constructivas como medida de seguridad, resoluciones que han sido desacatadas de manera reiterada por los responsables de la negociación.   Con las acciones que inicia la Procuraduría ante el Ministerio Público, se busca dar un giro a la responsabilidad penal ambiental en el ámbito federal, para que se sancionen a los autores materiales y a los directivos de las empresas que comentan delitos que atentan contra el ambiente y la gestión ambiental.