Denuncian Impunidad en tortura de fuerzas armadas

Agencias

Oaxaca.-. Cuando Juan Carlos Soni Bulos escuchó esa madrugada de noviembre que destrozaban su puerta, buscó desesperadamente en su teléfono para pedir ayuda.

De poco sirvió: afuera de la ventana de su cuarto, un marino mexicano con un pasamontañas y un casco ya le apuntaba con el fusil. "Suelta ese celular o te pego un tiro", advirtió al activista de derechos humanos.

Los marinos le taparon los ojos, le amarraron las manos y se le llevaron junto con cuatro personas más -familiares y amigos- a una bodega sin ventanas y poco iluminada. Entonces, dice Soni, comenzaron las horas de tortura: golpes, choques eléctricos, asfixia, abuso sexual. Escuchó a su sobrino adolescente gritar mientras le aplicaban toques en las costillas.

"Con esto se te van a quitar las ganas de andar defendiendo los derechos", le dijo uno de sus captores.

En medio de preocupaciones por posibles violaciones a derechos humanos, Estados Unidos retuvo cinco millones de dólares de la Iniciativa Mérida —un plan de apoyo en materia de seguridad a México— en 2015. Meses después, en septiembre de 2016, el Departamento de Estado estadunidense recomendó al Congreso de su país que se liberaran todos los recursos.

La Iniciativa Mérida, acordada en 2007, considera fondos por casi 2 mil 500 millones de dólares para equipo y entrenamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas y para apoyar a su sistema de justicia. Estados Unidos puede retener un porcentaje si considera que no cumple ciertos criterios en materia de derechos humanos.

Frente a las críticas internacionales, México sostiene que hace lo necesario para evitar el uso de la tortura en sus instituciones de seguridad.

Sin embargo, cuando las instituciones de seguridad utilizan la tortura prevalece la impunidad. De diciembre de 2006 a octubre de 2014, la Procuraduría General de la República registró 4 mil 55 denuncias de tortura, de las cuales casi una tercera parte eran contra las fuerzas armadas, aunque casi en el mismo periodo sólo 13 policías y/o soldados fueron sentenciados por ese delito.

Además, una de cada cinco quejas por tortura presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 1994 y 2014 fue contra marinos, según un recuento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ningún marino figura entre los sentenciados por tortura.

En el caso de Soni, nadie ha enfrentado ningún cargo.

Ninguna autoridad de las secretarías de Marina o la Defensa Nacional respondieron a peticiones de entrevista.