Denuncian mala aplicación de Ley General de Violencia contra mujeres

Integrantes de la Red de Género y Medio Ambiente (Regema) denunciaron que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no se aplica de manera adecuada para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, como es el caso de Ireri Carranza López, quien fue agredida físicamente por Rafael Sojo Jiménez y su hija, Alexis Samantha Sojo Munguía, vecinos de ella. En conferencia de prensa, las integrantes de la Red denunciaron que las instituciones encargadas de la impartición de la justicia no consideran violencia de género las agresiones contra las mujeres que no ocurren dentro del ámbito familiar, lo cual atenta contra la LGAMVLV. El 10 de Agosto de 2016, Rafael Sojo Jiménez golpeó a la activista por los derechos de las mujeres y fundadora de la Unión de Protectores de Animales, Ireri Carranza López, después de que ella y su madre se acercaran a él para pedirle una disculpa por las molestias causadas unos días antes, cuando le solicitaron buscar al gato de la activista en su azotea. Ireri Carranza quedó gravemente herida y tuvo que ingresar al hospital para ser operada de la boca, por los golpes que recibió de su agresor. El mismo día interpusieron una denuncia contra Rafael Sojo ante el Ministerio Público 9 BIS en la delegación Miguel Hidalgo, con número CI-FMH/MH-5/UI-2C/D/00657/08-2016, quien consideró el incidente como una riña entre particulares y no como violencia de género. Las activistas dijeron que buscaron asesoría en varias instituciones de defensa de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para que el caso fuera considerado violencia de género con base en la LGAMVLV y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV), sin embargo les dijeron que sólo se podía aplicar en casos de violencia intrafamiliar. “Hay un desconocimiento de la ley, es una ley que no se está aplicando pero también hay resistencia a su aplicación. Se están tomando decisiones, opiniones y juicios por parte de las autoridades por encima de la ley”, aseveró la investigadora Hilda Salazar Ramírez. La abogada de la víctima, Claudia Barrón, añadió que no existe una formación por parte de los funcionarios públicos de justicia para tratar los casos desde una perspectiva de género y con ello hay una mala interpretación de la ley. Durante el proceso también se registraron anomalías y malos tratos contra Ireri Carranza; por ejemplo, al querer rendir su declaración no fue trasladada por los policías al Ministerio Público para levantar una denuncia, sino al Juez Cívico de la Agencia Novena y posteriormente al Juez Cívico de la delegación Miguel Hidalgo, donde fue callada por las autoridades, quienes justificaron los actos del agresor  y culpabilizaron a la activista “por evadir el espacio privado”. “Nuestro sistema de justicia revictimiza a las mujeres y las acusa cuando ellas son las víctimas”, dijo la activista Tzimia Carranza López. Las integrantes de Regema hicieron un llamado al Inmujeres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y  a los Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos a sensibilizarse y capacitarse en la aplicación de leyes y tratados de violencia de género, así como sancionar a las y los funcionarios públicos que no aplican las leyes y revictimizan a las mujeres. Pidieron que el caso de Ireri Carranza no quede impune y pueda servir como un ejemplo para la correcta aplicación de la ley contra la violencia de género en el país. Actualmente se encuentran en espera del dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para considerar el caso como violencia de género y castigar al agresor conforme a la ley.