| | Oaxaca de Juárez |
Sábado 21 de diciembre, 2024.
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Entre los delitos de abuso a menores de edad que contempla la LGDNNA se encuentran: el abuso sexual, la corrupción, pornografía, turismo sexual, pederastia, incesto, violación y estupro.
A través de la revisión de los marcos normativos de cada estado, el CEAMEG observó que a junio de 2016 sólo los estados de Colima y Tabasco tipifican la pederastia, mientras que las 32 entidades federativas contemplan los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, estupro y violación.
La pederastia, de acuerdo con el artículo 209 bis del Código Penal Federal, es aprovecharse de la confianza, subordinación o superioridad que se tiene sobre un menor de 18 años para ejecutar, obligar, inducir o convencer a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.
En su informe el CEAMEG destacó que el delito de turismo sexual infantil está tipificado únicamente en once entidades: Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.
El Código Penal Federal señala en su artículo 203 que comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de realizar cualquier acto sexual, real o simulado, con una o varias personas menores de 18 años de edad o que no comprenden el significado de ese hecho.
Otros delitos como el incesto está contemplado en 26 de los 32 estados; las entidades que faltan por legislarlo son: Baja California, Campeche, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.
El estudio indica que únicamente el estado de Colima contempla los ocho delitos en su código penal, no obstante los estados que demuestran un mayor rezago en materia legislativa para castigar el abuso sexual infantil son Campeche, Morelos, Puebla y Tamaulipas, quienes contemplan sólo cinco de los ocho delitos.
Con base en los resultados del estudio, el CEAMEG exhortó a los estados a armonizar y actualizar los marcos legales vigentes tanto federales como locales. Asimismo pidió asignar recursos para la capacitación de las autoridades en contacto con las víctimas y generar mecanismos para la reparación de daños.
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