Pendientes en México en materia de protección a la biodiversidad

En este sentido, se requiere que tanto el gobierno, como el sector privado y la sociedad civil trabajen de forma conjunta a fin de que México pueda ser capaz de cumplir con las denominadas Metas de Aichi, del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica[1].

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) propone el siguiente decálogo a favor de la biodiversidad de nuestro país.

1. Otorgar mayores recursos públicos, así como personal suficiente y capacitado. El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 redujo los recursos que se destinarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un 37% con relación al año anterior. Sumado a lo que se redujo en 2016, el sector ha sufrido una baja de casi el 50% en tan sólo dos años. Esto manda un claro mensaje de que la protección al medio ambiente no se encuentra necesariamente dentro de las prioridades nacionales. Supone además, un enorme reto para fortalecer a instituciones tan fundamentales como lo es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

2. Expedir los decretos pendientes de Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como los programas de manejo de todas las ANP existentes en el país, incluyendo estatales y municipales.Actualmente, sólo el 60% (107) de las ANP en México tiene programas de manejo formulados y publicados, el 11.3% (20) dispone de programas elaborados, pero no publicados, y el 31.1% (55) no cuenta con ese instrumento. México debe cumplir con la Recomendación 26/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), expidiendo los programas de manejo de las ANP, particularmente Yum Balam, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal "Cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostóc y Temascaltepec, Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano y el Corredor Biológico Chichinautzin.Asimismo, siguen pendientes de publicación los Decretos de Área Natural Protegida de la Sierra La Giganta-Guadalupe en Baja California Sur y del Desierto Semiárido de Zacatecas, ambos en categoría de Reserva de la Biósfera.

3. Elaborar en el corto plazo los ordenamientos ecológicos locales y regionales necesarios para proteger los ecosistemas existentes en el territorio nacional.Estos instrumentos permiten contar con la información sobre la capacidad de carga de los ecosistemas y controlar los proyectos de desarrollo en el territorio en cuestión. En el país son muy pocos los ordenamientos ecológicos locales que se han expedido (recordemos que estos son vinculantes) y por ende, es imperioso que las autoridades mexicanas tomen cartas en el asunto.

4. Reducir el número de especies en riesgo y recuperar aquellas en peligro de extinción. A pesar de que el gobierno mexicano ha establecido como meta de política pública, evitar la pérdida de biodiversidad, especies tales como la vaquita marina, la tortuga caguama y el águila real han sufrido decremento en sus poblaciones. En la última actualización de la NOM 059, que incluye el listado de las especies en riesgo, si bien se excluyen 48, otras 39 fueron incluidas en alguna categoría de riesgo dando como resultado que alrededor del 25% de animales vertebrados se encuentra en algún grado de riesgo de extinción mientras que el 20% de las plantas están en inminente extinción. Ante este panorama, es prioritario implementar medidas para evitar la fragmentación o destrucción de su hábitat original, el aprovechamiento intensivo, el tráfico ilegal, la introducción de especies invasoras y exóticas, entre otras.

5. Adoptar medidas legislativas, administrativas y políticas, suficientes, necesarias, oportunas y progresivas para regular la actividad pesquera. Esto incluye reorientar subsidios hacia una gestión pesquera sustentable; incorporar la gestión pesquera en los Programas de Ordenamiento Ecológicos Marinos; aumentar la cobertura de áreas marinas protegidas al 10% de la zonas marinas y costeras mexicanas; sumar a la legislación instrumentos de política para el manejo pesquero basado en derechos de propiedad, o su equivalente, sobre áreas definidas, pesca multiespecífica y en horizontes de larga duración; separar la función de otorgamiento de concesiones y permisos pesqueros de la de inspección, vigilancia y sanción; incorporar mecanismos reales de participación pública en la gestión pesquera, entre otros. Todo ello, dentro de un proceso amplio y transparente de consulta pública a todos los grupos interesados, con énfasis en los pescadores.

6. Reducir las presiones antropogénicas a los arrecifes de coral. Como ejemplo de esta necesidad urgente están el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), amenazado por la construcción de la ampliación del Puerto de Veracruz y el desarrollo masivo costero desordenado que vulnera la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

7. Revisar y/o expedir un marco jurídico que proteja adecuada y progresivamente la biodiversidad y el Patrimonio Biocultural del país, el cual deberá ser culturalmente aceptable. El pasado 25 de octubre se presentó en el Senado la iniciativa que expide la Ley General de Biodiversidad. Es indispensable mantener un diálogo entre los distintos sectores que permita enriquecer el texto presentado así como realizar la consulta a las comunidades indígenas.

8. Velar por el efectivo cumplimiento de la legislación en materia ambiental. Es urgente fortalecer los instrumentos existentes para la toma de decisiones así como lo relativo a los procedimientos de inspección-vigilancia y sanción. Las autoridades fiscalizadoras en materia ambiental (como son la Profepa, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos -ASEA- y las procuradurías estatales), deben ser robustecidas en razón de que su buena operación desincentivará la comisión de infracciones y delitos en materia ambiental, así como el incumplimiento de la legislación ambiental.

9. Modificar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA)[2] a fin de garantizar el derecho al medio ambiente desde el estándar más alto de protección.Desde el punto de vista social y de conservación, el principal reto es lograr equilibrio entre las partes que participan, así como buscar congruencia y coordinación entre los programas de protección a los ecosistemas, con los programas sociales y de desarrollo de infraestructura, y las dependencias de los tres niveles de gobierno.