Presenta CIMAC informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”

Por: Anayeli García Martínez/Cimacnoticias

Oaxaca.-Sandra Segura Segura, Nora Celia Domínguez Maldonado, Citlali López Velázquez, María Martina Fonseca y Gloria Muñoz Ramírez son reporteras y aunque viven en estados diferentes todas tienen en común que han sido amenazadas debido a su trabajo periodístico de investigaciones a políticos, líderes sindicales, policías comunitarios o víctimas de la violencia. Las agresiones contra ellas se documentan en el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas. En el documento se contabilizan 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años. Al realizar una radiografía de la violencia contra la prensa CIMAC concluyó que actualmente las periodistas enfrentan el poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo. En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios. Como ejemplo de estos “cacicazgos” se muestran las historias de las reporteras que pese a estar en contextos distintos padecieron intimidaciones que tenían como objetivo acallar su voz: Sandra recibió una amenaza por teléfono, Nora Celia fue amenazada por un ex alcalde; Citlali fue amedrentada por un líder social; María vivió un secuestro y tortura; y la casa de Gloria fue allanada. LÍDERES EN VIOLENCIA En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”. En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno. En esta actualización se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una. El incremento de manifestaciones ciudadanas, la inestabilidad política y la creciente presencia de cárteles generó un aumento de la violencia en los ámbitos donde las periodistas realizan su labor informativa, condiciones que las colocaron en mayor riesgo de sufrir agresiones, violaciones a sus derechos y amenazas contra sus vidas. Esa es una de las razones por las que Guerrero apareció en el mapa de agresiones. Después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, se potenció el contexto de tensión social y de represión contra la ciudadanía y la prensa. PERFIL DE LAS VÍCTIMAS “El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales. Esto denota una reacción contundente por parte del poder del cacicazgo que advierte en las investigaciones críticas que realizan las periodistas una amenaza que afecta directamente sus intereses socioeconómicos al hacerse pública la información de sus acciones. Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad. Un tema a destacar y de especial preocupación, es el incremento de violencia hacia trabajadoras de medios digitales. Mientras 44 por ciento de las agresiones se dio contra las que trabajan en medios impresos, para el periodo 2014-2015, 34.6 por ciento se cometió contra periodistas de medios digitales. En estos dos años, 16.3 por ciento de las periodistas que sufrió algún tipo de agresión trabajaba en radio, mientras que 4.7 por ciento lo hacía en televisión. DESCONFIANZA EN INSTITUCIONES México cuenta con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero las periodistas desconfían de esta institución. Un sondeo realizado por CIMAC en 2014 reveló que 47 por ciento de las periodistas consideró como muy malos los resultados del Mecanismo; para 29 por ciento fueron medianamente eficientes y 24 por ciento respondió que son malos. Tal vez por ello entre octubre de 2012 y junio de 2016, sólo 82 mujeres periodistas (35 por ciento) acudieron al Mecanismo, del total de 232 periodistas que están bajo su protección. Otra dependencia en la que no hay confianza es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, encargada de investigar las agresiones contra la prensa, donde del 1 de enero de 2014 al  30 de noviembre de 2015 se abrieron 64 averiguaciones previas por casos de violencia contra reporteras. Ante estas evidencias, el informe insta al Estado a cumplir cabalmente con la recomendación 25 del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para garantizar la vida, la libertad y la integridad de periodistas y asegurarse de que no sean violentadas. También pide que el Mecanismo de Protección tenga un enfoque de género y se adopten medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques contra las informadoras.