| | Oaxaca de Juárez |
Domingo 17 de noviembre, 2024.
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En el pronunciamiento exigen al gobierno mexicano y a los países que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) -un instrumento internacional que entró en vigor en 1993-, que respeten los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sus tierras, las zonas naturales, pero sobre todo sus derechos humanos.
La situación que enfrentan diversas comunidades étnicas en México, en donde empresas transnacionales llegan a instalar y operar megaproyectos que comercializan recursos naturales como petróleo, gas o minerales en tierras que pertenecen a las y los indígenas, no contemplan un verdadero cuidado del ecosistema ni tampoco generar ganancias para quienes viven ahí.
Un ejemplo es la comunidad otomí de San Francisco Magú, ubicada en el municipio de Nicolás Romero del Estado de México, donde la empresa Merca Construcciones inició en 2013 la construcción de un fraccionamiento en el bosque que se encuentra dentro del territorio de la comunidad indígena.
La integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios para el tema de Soberanía Alimentaria en México, Berenice Sánchez Lozada, refirió en entrevista con Cimacnoticias que la empresa llegó con maquinaria para talar el bosque donde las mujeres de esa comunidad recolectaban, de manera tradicional, hongos alimenticios y plantas medicinales que son parte de la dieta del pueblo otomí. Además, en ese lugar se encuentran pozos de agua que se recargan con la vegetación del bosque y son la fuente de suministro del líquido para el pueblo.
Los derechos indígenas que la empresa y el Estado han violentado son al territorio y sus costumbres porque omitieron consultar al pueblo -en su carácter de dueños comunitarios del lugar-, su derecho al agua y además afectan en sus tradiciones alimentarias.
Sánchez Lozada, quien también habita en la comunidad otomí, dijo a Cimacnoticias que esa empresa llegó con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
“Aprovechamiento forestal sustentable por cambio de uso de suelo otorgado por excepción”, cuando la zona tiene 11 especies de flora y fauna que están protegidas por la NOM 059 (Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo), que contempla la protección de especies nativas de México.
El fraccionamiento “Bosques del Paraíso” es un proyecto de edificación de 11 mil viviendas de la empresa Merca Construcciones, obra detenida por una denuncia que la comunidad indígena de San Francisco Magú interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero que podría reanudar la construcción al tener permisos otorgados por el municipio de Nicolás Romero.
La comunidad indígena tiene una población de 12 mil 962 habitantes, donde casi 50 por ciento son mujeres y niñas, quienes tienen la posesión de bienes comunitaria y particular, que permite a las mujeres heredar y ser dueñas de un terreno o propiedad. Además cuentan con un Centro de Salud y los servicios básicos como electrificación, agua y pavimentación, que se han logrado con aportación de los habitantes y gestión de recursos que ellos mismos hacen con el gobierno municipal.
PRONUNCIAMIENTO
Los pueblos originarios y comunidades campesinas procedentes de los estados de Sonora, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como de los países de Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos, hicieron un pronunciamiento que entregarán en la COP13.
Ahí denuncian la tala clandestina e inmoderada de árboles, disminución de los mantos acuíferos, de recursos y especies endémicas de animales, desforestación por ganadería y por sobreexplotación de los productos silvestres, contaminación ambiental por agrotóxicos y desechos industriales, aumento de enfermedades y plagas, introducción de semillas híbridas y transgénicas, así como la privatización de los recursos biológicos y conocimiento tradicional.
En el pronunciamiento exigirán respetar la identidad de los pueblos indígenas para otorgar permisos y concesiones a empresas transnacionales que comercialicen recursos naturales, así como proteger ecosistemas, áreas naturales, Derechos Humanos y de las mujeres.
Ello incluiría “respetar la cosmovisión y los usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”, “fortalecer las prácticas de colectividad para hacer frente al individualismo fomentado por los programas gubernamentales y medios de comunicación” e “impulsar el protagonismo y la participación de las mujeres en los espacios de representación comunitaria y municipal y garantizar su incidencia en la toma de decisiones en las Asambleas”.Te podría interesar...
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