Defensores detenidos arbitrariamente inician huelga de hambre en protesta

Los internos denuncian las condiciones de detención, que incluyen entre otros hechos preocupantes 22 horas al día en una celda de menos de 2x3,5 metros, castigos consistentes en la privación de bajar al área de comidas por periodos de hasta 30 días, visitas denegadas de forma arbitraria o la dilación y denegación del tratamiento médico con la consiguiente afectación al derecho a la salud. Además, se ha podido documentar la dilación en la transmisión de la correspondencia de los internos por periodos de más de 30 días y la retención de correspondencia jurídica como por ejemplo la promoción de amparos judiciales, lo cual afecta a su derecho a una defensa legal.

Los internos denuncian asimismo actos de tortura y malos tratos en su contra mediante la obligación de mantenerse en posiciones forzadas de manera prolongada y mediante revisiones exhaustivas humillantes en las que son obligados a desnudarse. Además, los malos tratos también han impactado en los visitantes, puesto que se han registrado numerosas situaciones de privación de la posibilidad de tomar agua así como de revisiones degradantes a las personas visitante en las que tienen que desnudarse e incluso cambia de toalla sanitaria en público antes de poder encontrarse con los internos, a pesar de haber sido previamente sometidas a distintos métodos de láser y seguridad para verificar que no portaban nada indebido.

La situación se ha agravado desde la recién entrada en función de los Sres. José Vélez Laredo como nuevo director del CEFERESO y del General Salvador Camacho Aguirre como Coordinador General de los Penales de Mediana y Alta Seguridad, cuyo nombramiento ha sido además recibido con preocupación por algunas organizaciones de la sociedad civil por sus antecedentes de uso excesivo de la fuerza desde la Policía Federal en los casos de Tanhuato y Nochixtlán.

Desde 2015, los dos defensores de derechos humanos han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la comunidad internacional, así como amparos judiciales denunciando la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos de forma constante y sistemática en el penal de máxima seguridad. Tanto Damián Gallardo como Enrique Guerrero han dado positivo en la aplicación del Protocolo de Estambul[2] para documentación de la tortura que les ha sido realizado y Enrique Guerrero ganó un amparo judicial que le protege a efectos de no repetición. Sin embargo, estas acciones han sido respondidas con una completa inacción por parte de la Dirección del CEFERESO nº 2, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que administra las prisiones, así como de la CNDH que, tres años y medio después, aún no ha emitido ninguna recomendación.

En una reciente visita el 6 de febrero de 2017, una misión del Observatorio y del Consorcio Oaxaca pudo verificar que tanto Damián Gallardo como Enrique Guerrero mantienen problemas de salud en conexión con la tortura que han experimentado[3], tal y como denunciaron las organizaciones en su comunicado de fin de misión[4].

El Observatorio y el Consorcio Oaxaca reclaman una inmediata reacción de las autoridades mexicanas incluyendo la CNDH para garantizar la integridad física y psicológica de todos los internos del CEFERESO 2 y, especialmente, de los defensores de derechos humanos Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero, incluyendo a través de la adopción de medidas de protección del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. Además, nuestras organizaciones exigen una investigación independiente e imparcial que asegure la sanción de todas las personas responsables de estos actos de tortura y malos tratos.

El Observatorio y el Consorcio Oaxaca reclaman finalmente la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños Rodríguez, así como de todos los otros defensores detenidos arbitrariamente con el objetivo de sancionar su trabajo en defensa de los derechos humanos, y denuncian más generalmente que situaciones como esta evidencian la necesidad de que se adopte urgentemente una Ley General Contra la Tortura que cumpla con los estándares internacionales.

Damián Gallardo y Enrique Guerrero se cuentan entre los beneficiarios de recientes opiniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (ONU) que declaran arbitrarias las detenciones de cinco personas defensoras de derechos humanos[5]. Ninguna de las cinco opiniones ha sido implementada tal y como resaltó recientemente en el informe preliminar de su visita a México el Relator de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos Humanos, el Sr. Michel Forst. En los cinco casos se puede verificar un mismo patrón de detención, no existieron ordenes de aprehensión, fueron sometidos a actos de tortura y/o malos tratos , así como a diversas violaciones al debido proceso tal y como denuncia el informe conjunto “Detenciones arbitrarias e ilegales – Criminalización: Una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México”[6], publicado en diciembre de 2016. Más de tres años y medio después de la detención arbitraria de Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña y Librado Baños Rodríguez, los tres procesos sigan en fase de instrucción en medio de un cúmulo de irregularidades y violaciones al debido