Formal denuncia a la CIDH por presunto espionaje del gobierno mexicano a periodistas

Oaxaca.-La diputada Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones contra periodistas, informó que esos hechos, fueron denunciados formalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado, Velázquez Valdez indicó que el recurso se sustenta en los “hechos relacionados con la violencia en contra de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de los periodistas, activistas y políticos de oposición en México”. Indicó que el presunto espionaje ejecutado por el Gobierno Federal a través de la compra de equipos y sistemas de intercepción de llamadas y comunicaciones, viola el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el artículo 16 de la Constitución Política, relativo a la privacidad de las personas. Al calificar como grave el caso, señaló que se está solicitando a la CIDH conmine al Estado mexicano a implementar medidas cautelares para prevenir más actos de espionaje. La petición incluye el llamado a que personal de la CIDH realice una “visita de alto nivel” a México, para que confirme los sucesos y si es necesario, designe una Relatóría Especial. Asimismo, se demandó a la CIDH emitir un pronunciamiento dirigido al Gobierno Federal, a fin de que se abstenga de emplear técnicas de investigación como el espionaje contra periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos, porque ello violenta el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. En tanto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rafael Hernández, pidió ejecutar de inmediato, medidas emergentes de protección a un colaborador del diario El Universal, que recibió amenazas de muerte por investigar el narcomenudeo en la UNAM. El también secretario de la Comisión de Gobernación de San Lázaro señaló que el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), debería fijar una postura pública y firme de contundente rechazo a las agresiones a periodistas, así como la advertencia de que no se permitirán más afectaciones a la libertad de expresión, ataques a periodistas o amenazas del crimen organizado, instancias institucionales y otros agresores.