Grave violación a los derechos humanos de abogado y activista en Baja California Sur

Comunicado Oaxaca.-El abogado, activista y defensor de los derechos humanos John Moreno, fue llevado a la cárcel sin ninguna solidez de pruebas de algún ilícito, y ahí ha permanecido desde el 19 de mayo. Defendía a las comunidades de Todos Santos, comunidad pesquera donde se edifica un millonario complejo inmobiliario a cargo de MIRA, empresa ligada al cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari El Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Carlos Mendoza Davis, están incurriendo en una grave violación a los derechos humanos al mantener preso a John Moreno, abogado defensor de la comunidad de pescadores de la comunidad del Pacífico Tres Santos, agrupados en la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos. Esta comunidad se opone a la construcción de “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas que está causando afectaciones a un sistema de humedales aledaño. Se trata de un proyecto a cargo de Black Creek Group, un holding al que pertenece MIRA, una compañía ligada al cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Gerard. Desde ese momento, la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se opuso al desarrollo del proyecto inmobiliario bajo el argumento de que afecta el suministro de agua de la zona, además de que los pescadores tienen sus viviendas en las inmediaciones. Sin embargo, durante una de sus manifestaciones y bloqueos fueron replegados por 200 granaderos enviados por el gobierno estatal. Cuatro años después del inicio de estas movilizaciones, el abogado y activista John Moreno, quien tomó el caso de los pescadores y que además se encuentra en el programa de personas protegidas bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, fue detenido y acusado del delito de despojo el viernes 19 de mayo de 2017, en un proceso en el cual, además de presentar diversas irregularidades, de acuerdo con su defensa, no se han presentado pruebas concluyentes que acrediten su culpabilidad, por lo que de acuerdo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal esto debería significar su liberación, sin embargo, Moreno continúa preso. Además de pretender despojar a los pescadores de sus tierras, el desarrollo inmobiliario representa daños considerables al ecosistema de Todos Santos. En este link se puede observar la labor de John Moreno para dar a conocer esta historia de abuso: http://truthsantos.org El 15 de junio, se intentó entregar una carta firmada por organizaciones en defensa de los derechos humanos, dirigida a Carlos Mendoza Davis, Gobernador del Estado de Baja California, para ponerlo al tanto de la situación, pero su personal se negó a recibir dicha misiva. Recientemente, un Tribunal Federal Mexicano falló a favor del derecho de los pescadores para proteger su territorio y sus viviendas, por lo que no pueden ser desplazados, sin embargo, el proyecto inmobiliario no se ha detenido y existe incertidumbre por parte del gobierno sobre el destino de los pescadores, ya que no se sabe si serán reubicados y bajo qué condiciones, puesto que, incluso cuando se dirigió una carta al gobernador para explicar el caso, su oficina rechazó recibir el documento alegando que no cumplía con los requisitos burocráticos. A John Moreno se le acusa de ocupar furtivamente el territorio en donde se desarrolla la construcción del inmueble. Pese a que no se han presentado pruebas para acreditar el delito, bajo el nuevo sistema de justicia penal el delito de despojo está considerado como no grave, por lo que debería ser liberado inmediatamente, además de que no ha ocurrido un juicio, fue sentenciado directamente, de modo que se viola el principio de dar celeridad a los procesos en este nuevo sistema. Las organizaciones que han dado seguimiento al caso, amparadas por el Observatorio de Derechos Humanos, hacen un llamado a la sociedad para difundir esta historia, y que la suma de voluntades y voces permitan liberar a John Moreno, y continuar con la defensa de los pescadores para evitar que les sean quitadas las tierras y recursos que les pertenecen.