Jalisco debe implementar acciones con la Alerta de violencia de Género: AI

Comunicado Oaxaca.-El Acuerdo Global México - UE vigente (nombre completo: Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación) fue firmado en 1997 y entró en vigor el 1 de octubre de 2000. Su núcleo es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM). Hoy en día falta una amplia discusión de las consecuencias de este contrato. Como puntaje, en materia económica se tendría que analizar el creciente déficit comercial con la Unión Europea, la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores mexicanos, que hoy ganan 42 % menos que en China, los contratos de protección patronal en empresas con inversión europea que impiden derechos laborales con violencia, y la creciente desigualdad, entre otros. Crucial en esta discusión es la “cláusula democrática” del acuerdo, también conocida como cláusula de derechos humanos, la cual establece lo siguiente: "El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo". Durante los 17 años de vigencia del Acuerdo, dicha cláusula no fue aplicada en ningún caso, a pesar de que desde 2006 vivimos una crisis de derechos humanos en México que se sigue profundizando, quedando como letra muerta, como dejo en evidencia el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; a 32 meses de los hechos, no hay ningún victimario enjuiciado. O el asesinato de los defensores de derechos humanos Jyri Jaakkola, ciudadano finlandés, y la mexicana Bety Cariño (2010) ocurrido en Oaxaca por un grupo armado plenamente identificado y con apoyo gubernamental, sin que hasta hoy haya condena alguna; entre otros muchos casos que se pueden revisar en la información adicional. En este contexto, la “modernización” o renegociación del Acuerdo Global supone varios retos. El primero, el de la transparencia como una medida contra la corrupción. Las negociaciones iniciaron en junio de 2015 y está prevista su conclusión este 2017, sin embargo se requiere con urgencia un amplio control democrático, pues una negociación a espaldas de la sociedad limita su aprobación popular. En segundo lugar, se aprecia una nueva ofensiva neocolonial contra los pueblos de México; el borrador del nuevo acuerdo incorpora temas cruciales como el fomento de semillas transgénicas y pesticidas, que ponen en peligro al maíz criollo, con ello los campesinos perderían aún más el control sobre su tierra. En tercer lugar, después de la apertura del sector energético y minero, el Acuerdo Global puede causar una liberalización total e irreversible de este mercado a favor de las grandes empresas europeas con todas las consecuencias: precios altos de luz, extractivismo sin control, daños profundos del medio ambiente; en otros sectores de inversión también bajos salarios a las y los trabajadores, mientras los inversionistas actúan con toda libertad y sin control alguno. Si estos tres retos no se toman en cuentan, la modernización del Acuerdo corre el riesgo de profundizar la desigualdad, la violencia hacia defensoras, defensores, periodistas y población en general; es decir, ahondaría la crisis de los derechos humanos en el país. Por ello, es urgente incluir elementos explícitos de buena gobernanza, como en la cláusula con Centroamérica. No bastan las declaraciones, resoluciones, muestras de solidaridad o diálogos de alto nivel; necesitamos un compromiso a favor de los derechos humanos, más que un nuevo acuerdo global de comercio. Para ello contamos con numerosas experiencias en la materia, de comunidades y redes, opiniones de expertos y organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de la ONU, que propone la creación de un Consejo Asesor contra la Impunidad. Desde la Sociedad Civil Mexicana proponemos un Acuerdo Global de Derechos Humanos con medidas concretas contra la impunidad y la corrupción, con una cláusula democrática fuerte que debería suspender la cooperación ante violaciones graves de derechos humanos y el incumplimiento de medidas que mejoren la gobernanza, antes de cualquier nuevo acuerdo económico. Este acuerdo debería aplicarse también en la sociedad europea, ya que en los últimos tiempos existen violaciones graves de DDHH en estos países que nos preocupan como sociedad mexicana, por ejemplo, la crisis migratoria en el viejo continente. Información adicional sobre el contexto de la crisis de DDHH La crisis de derechos humanos en México se actualiza con los recientes asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, entre ellas los indígenas rarámuris Isidro Baldenegro López (15.01.2017) y Juan Ontiveros Ramos (01.02.17), defensores del bosque en el estado de Chihuahua, y los indigenas wixárika Miguel y Agustín Vázquez Torres (20.05.17), defensores del territorio en Jalisco. El asesinato de la defensora Miriam Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017 en Tamaulipas es otra señal alarmante del peligro que corren familias con personas desaparecidas. Especialmente preocupante es la ola de asesinatos de comunicadores, tan sólo entre marzo y mayo del año en curso fueron asesinados siete periodistas en los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa y Jalisco, siendo Miroslava Breach y Javier Váldez los de mayor trayectoria. (Ver contexto al final). Según Artículo 19, los agresores de la prensa en México durante 2016 fueron en 226 casos funcionarios públicos, en 69 casos particulares, en 31 casos partidos políticos, en 17 el crimen organizado y en 83 casos no se identificó al agresor (gráfica aquí). Estas cifras ponen en evidencia que en gran medida los agresores a la prensa, son las mismas autoridades que deberían garantizar sus derechos. La impunidad en estas violaciones graves a derechos humanos es ya histórica y es resultado de la inoperancia de los organismos de procuración de justicia. Basta mencionar tres casos: La tortura sexual de mujeres mexicanas y europeas durante el operativo policíaco en Atenco, Estado de México, en 2006 no fue investigada con seriedad y recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) acaba de retomar el caso. La falta de voluntad política del gobierno mexicano de proteger a las y los defensores se ejemplifica con el “Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. Un mecanismo que según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería reforzar el gobierno mexicano (compromisos 148.117 y 118 del EPU, 2013), lamentablemente este 2017 no cuenta con recursos, situación que ha sido reconocida oficialmente a raíz del asesinato del periodista Javier Váldez. El creciente descontento social va de la mano con la criminalización de la protesta social. Prueba de esto son los cientos de detenciones arbitrarias de defensoras y defensores entre ellos el de la defensora guerrerense Nestora Salgado; asesinatos de civiles en operativos policíacos contra comunidades indígenas, como en el municipio purépecha de Nahuatzen, Michoacán en abril de 2017; en la comunidad nahua de Ixmiquilpan Hidalgo, en enero de 2017 y en el pueblo mixteco de Nochixtlán Oaxaca, en junio de 2016. Recientemente fueron asesinados en el Istmo de Oaxaca los activistas Leticia Nicolás Ramírez, Benjamín Juárez José y Alberto Toledo Villalobos. Nos preocupa sobremanera que el Estado solo tenga una respuesta policíaco-militar para la protesta social, en vez de atender las causas de raíz, como la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la corrupción, por ejemplo en los casos de tortura el 99% no reciben una sentencia, quedando de manifiesto la inoperancia del aparato de justicia. También otros indices de la violencia muestran un panorama desolador. En este año, los feminicidios aumentan en muchos lugares, en los estados Chihuahua y Oaxaca ya se cuentan más de 50 casos. La tasa de homicidios dolosos aumenta en una velocidad espeluznante y se encuentra al mayor nivel desde 1997, cuando empezaron a registrarse las denuncias presentadas por este delito. El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, considera que las causas fundamentales son la exclusión y desequilibrio de poder entre Estados, empresas y defensores de derechos humanos; la comercialización y financiación del medio ambiente, así como la corrupción y la impunidad que vulnera sobre todo a defensores de los derechos humanos ambientales (informe A/71/281). Si bien el tema de empresas y derechos humanos es relativamente nuevo, algunos países cuentan o trabajan en sus planes nacionales retomando los principios rectores establecidos por la ONU, México incluido. Sin embargo al ser voluntarios, corremos el riesgo de que sea retomado el discurso pero las acciones continúen siendo violatorias de derechos humanos. Es decir, que prevalezcan los negocios por encima del respeto a los derechos humanos. Está claro que no hay seguridad de inversión sin respeto a derechos humanos, por ello resulta fundamental que el derecho a la consulta libre, previa e informada, sea reconocido y ejercido como un derecho colectivo fundamental de acuerdo a los estándares internacionales, y no sea un trámite que cumplir, como está sucediendo en varios megaproyectos, entre ellos el caso del parque de Eólica del Sur en Juchitan, Oaxaca. Firmantes: Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A.C Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec AC. Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl A.C. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Méxicano CECCAM A.C. Coalición Obrero Campesino Estudiantil (COCEI-MNPP) Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) A.C. Colectivo Tajtolmej Taltipak A.C. Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán A.C. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha – CODIGO DH Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas -CNDCCH Consorcio para el diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. Coordinadora Nacional de Movimientos Populares-Linea de Masas (CONMOP-LM) A.C. Diplomado Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, A.C. Frente Popular Revolucionario (FPR) Frente Regional de Pueblos del Bajo Mixe Choapan Fundación Yansa Grupo Mesófilo A.C. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) A.C. Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) A.C. Izquierda Democrática Popular Ixhuateca Radio 92.1 FM Luna del Sur A.C. Maderas del Pueblo del Sureste A.C. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) A.C. Municipio originario de Santa María Atzompa, Oaxaca Ojo de Agua de Comunicación Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) Organización de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe (OPI) Organización de pueblos Indígenas de la Cuenca (OPIC) Preparatoria comunitaria José Martí de San Francisco Ixhuatán Promotora de Servicios para el Desarrollo S.C. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) A.C. Radio Coalt, Santa María Coapan, Puebla Radio Tlayoli, La Cumbre, Sierra Negra Puebla Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales RedPAR Servicios del Pueblo Mixe A.C. Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C. Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) A.C. Tianguis Indígena Multicultural, A.C. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).