Oaxaca.- Víctimas del ataque policiaco del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán acusaron a la Procuraduría General de la República (PGR) de falta de autonomía y de pervertir las reglas del sistema jurídico, al intentar reducir la agresión generalizada contra la población civil a un evento en donde sólo habrían actuado dos policías que, además, no han sido identificados.
En una carta dirigida al titular de la PGR, el grupo de 68 víctimas exige que la dependencia reconduzca la investigación con apego a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial y adopte criterios de autonomía e independencia técnica, privilegiando el respeto a los derechos humanos y dando preeminencia a la víctima del delito por encima de los intereses del Estado.
“La investigación de esta Procuraduría esta disociada de las huellas y evidencias de la verdad”, afirman.
“Es necesario que la Procuraduría exija al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) todos y cada uno de los informes previos, concomitantes y posteriores con que cuente en relación con los hechos y el operativo realizado en Nochixtlán”, advierte también el grupo de víctimas, que igualmente exige respetar el derecho a la verdad y a la no criminalización.
Entre las demandas de las víctimas al procurador Raúl Cervantes Andrade, figura también que se agoten todas las facultades de esa institución para ampliar la hipótesis técnica de investigación al dolo eventual y a la omisión impropia, cuyos extremos dogmáticos, consideran, son los adecuados para lograr éxito en la compleja investigación del crimen de lesa humanidad.
Piden, igualmente, que en cumplimiento de la Ley General de Víctimas y el Estatuto de Roma, se les garantice “nuestra seguridad, nuestro bienestar físico y psicológico, nuestra dignidad y vida privada, derechos que también prevé la Ley General en cuestión, cuyo objetivo principal es proteger la dignidad y asegurar la reparación integral a favor de las víctimas”.
“La investigación que hasta ahora ha realizado la Procuraduría General de la República ha revivido al sistema inquisitivo, pervirtiendo las reglas del sistema acusatorio adversarial, y ha pretendido transformar una tragedia colectiva del pueblo de Nochixtlán en un evento infravalorado que tiene como únicos actores a un par de policías no identificados”, advierten las y los firmantes.
Las víctimas consideraron que lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio fue un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, por el que responsabilizan a 12 funcionarios estatales y federales –entre ellos el ex gobernador Gabino Cué y el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos– y a 850 agentes de las policías Estatal y Federal.
Señalan al procurador federal que la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos es uno de los deberes elementales del Estado, para garantizar la tutela de los derechos fundamentales, pues ello permite esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal.
Ello, agregan, constituye un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de las violaciones a los derechos humanos, tal y como lo ha señalado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias resoluciones.
