Ciudad de México.- Miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A.C, (ANAD) interpusieron el día de hoy una demanda de amparo en contra del "gasolinazo", documento que es puesto gratuitamente a la disposición de todos los interesados en llevar a cabo la impugnación de esa atroz e insensible decisión gubernamental.
En su reclamo los abogados democráticos están solicitando que el Poder Judicial de la Federación deje sin efectos dicha medida pues es violatoria de los artículos
1º, 14, 16, 25, 28, 39, 71, 72 y 74, fracción IV de la Constitución General de la República. Igualmente alegan que el "gasolinazo" transgrede diversos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, tales como: el derecho humano a la dignidad, el derecho humano a la vida digna, el derecho humano al mínimo vital, el derecho humano al proyecto de vida, el derecho humano a la no discriminación y el derecho humano al debido proceso.
En la demanda se señala que la fijación de precios máximos de venta al público de gasolinas y diésel absolutamente irracionales, abusivos y contrarios a los intereses de la población, es consecuencia directa del hecho de que las autoridades decidieron adelantar o anticipar la apertura total del mercado interno de petrolíferos, originalmente prevista para el 2018, cuyo valor aproximado es de 70,000 millones de dólares anuales.
También se argumenta que los beneficiarios directos de esa maniobra son los poderosos corporativos trasnacionales que a partir del 2017 podrán importar, distribuir y enajenar los combustibles en sus propias estaciones de servicio. Lo que constituye un gravísimo desvío de poder ya que las potestades jurídicas inherentes al Estado mexicano fueron puestas a la disposición de un puñado de privilegiados. Es decir, la institución la Rectoría del Estado fue puesta al servicio de intereses oligárquicos, y no a favor del pueblo ni del desarrollo de la nación, como lo ordena el artículo 25 constitucional.
Esas irregularidades están siendo imputadas al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Comisión Reguladora de Energía y al Secretario de Hacienda.
Los miembros de la ANAD esperan que su queja sea atendida en forma imparcial, expedita, transparente y ajustada a las normas del debido proceso. De no ser así, desde ahora hacen patente su determinación de llevar el caso a las instancias internacionales, específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de la ONU en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La demanda de amparo está a disposición de la ciudadanía en los siguientes sitios electrónicos:
Página de Facebook de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A. C.
