Las heridas emocionales ocasionadas hace más de once años siguen presentes pero se han transformado en fuerza. Así lo demuestran sus voces contundentes, sus movimientos certeros y los ademanes que hacen las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México. Finalizada la audiencia pública que se realizó los días 16 y 17 de noviembre en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica, las mujeres decidieron hacer un paréntesis para hablar con los medios mexicanos sobre sus primeras impresiones tras escuchar las preguntas e inquietudes de jueces y de los funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob). Cinco de las denunciantes, conocidas como las “mujeres de Atenco”, charlaron con Cimacnoticias. En una entrevista colectiva María Patricia Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres, Cristina Sánchez Hernández y Yolanda Muñoz Diosdada hicieron una evaluación positiva y esperanzadora de lo ocurrido durante los dos días en la Corte Interamericana. Durante la primera jornada Angélica Patricia, Bárbara Italia, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo presentaron su testimonio. Fueron interrogadas por su defensa, por los representantes del Estado mexicano y por la juez y los jueces de la CoIDH, encargados de juzgar las presuntas violaciones a Derechos Humanos. En el segundo día de trabajo la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, y la defensa de las mujeres, integrada por las abogadas de los Centros de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron sus alegatos. RETÓRICA DE LA IMPUNIDAD Las mujeres recuperaron su derecho a tomar la palabra. Así lo sienten y así lo dicen. Aunque sólo cinco estuvieron en el estrado de la Corte Interamericana todas se sintieron identificadas en cada testimonio porque prácticamente vivieron las mismas vejaciones e insultos por parte de los cuerpos policiacos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad del Estado de México. - Anayeli García Martínez (AGM): “¿Cuál es el balance después de escuchar las preguntas y los argumentos del Estado mexicano?”. - María Cristina (MC): Los comentarios del Estado pues, sí, sabemos que quieren balconear, pero nunca ofrecieron, nunca nos dieron un apoyo y no sé de dónde sacan eso. - Yolanda (Y): Yo creo que fue una estrategia del Estado porque ahorita quiere argumentar que ha hecho algo bien y eso es falso. En tiempo se pasaron años y hemos visto que no hubo justicia ni un seguimiento para crear un sistema de justicia bien que pudiese ser beneficioso para nosotras, realmente conforme a la ley. - Patricia (P): Es una disculpa tardía porque ya han pasado once años. Ellos decían que teníamos derecho a una indemnización, a que nuestros hijos tuvieran becas, hablaron de derecho a tener casa habitación y a muchas facilidades. (Pero) A once años estamos esperando que pudieran resolver el castigo de todas esas personas que incurrieron en la desgracia. - Angélica Patricia (AP): Para mí fue bueno llegar hasta esta instancia que es la Corte Interamericana. Vimos ahorita a los representantes del Estado mexicano como niños reprobados, no traían nada preparado. Las cifras estaban mal hechas. El representante del Estado decía que había 45 mil habitantes (que radicaban en la zona). No es lo mismo que decir cuántas personas había ese día, o sea, las cifras, todo mal. “Todo mal como su posición ahorita. Querían seguir tapando el sol con un dedo, no estaban siquiera claros ni por dónde iban, no tenían conocimiento del caso, creo que muy mal por parte de ellos. La verdad no se puede esconder. Se vio claro como no pudieron esconder la verdad. A once años no han hecho absolutamente nada”. - Bárbara Italia (BI): Voy a retomar la frase hermosa que encuadró muy bien la experiencia de hoy, de las declaraciones del Estado, que dijo Araceli Olivos, la representante de nosotras: Estamos escuchando y estamos de frente a la retórica de la impunidad. Y es precisamente eso que ha intentado el Estado mexicano, imponernos la impunidad. “Me parece muy positiva la audiencia de hoy. Ha sido realmente un espacio reparador en el que nosotras nos hemos podido encontrar, las once. Hablar en voz alta, nombrarnos, decir nuestro nombre, y en un ambiente de igualdad de condiciones con el Estado, y frente a jueces que estaban en la mejor disposición de escuchar la verdad, de escuchar a las mujeres”. ONCE AÑOS DE “EMPUJAR LA VERDAD” Las sobrevivientes han invertido once años “en empujar la verdad y la dignidad” frente a funcionarios que en un primer momento las calificaron de mentirosas y que hoy dicen no poner en duda lo que les sucedió. Como muestra, en esta ocasión el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo recordó que en la audiencia que se realizó el 14 de marzo de 2013 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió una disculpa pública. En la comparecencia de hace cuatro años ante la CIDH, órgano que remitió el caso a la Corte Interamericana, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y Juan Manuel Gómez-Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, ofrecieron una solución amistosa que fue rechazada por las víctimas. Después de un largo proceso que comenzó en abril de 2008 cuando las once mujeres enviaron su caso al Sistema Interamericano, se les preguntó: - AGM: ¿Esta audiencia, la última sesión oral, se acerca a la justicia? - C: Hay algo cerca. Esperemos que los jueces nos escuchen y nos den prioridad. Creo que se ha luchado muchísimo. Entonces ¿qué se persigue? Ante todo que se haga justicia y que se diga la verdad, por eso estamos aquí. Creo que este es el mejor camino porque tenemos un gran grupo de abogados y una Corte de las mejores, es la mejor. - AP: Es solamente como un pasito, todavía falta mucho. - BI: Creo que es indispensable y se requiere una sentencia que vaya en el sentido de las peticiones que hemos hecho hoy a la Corte. Que la Corte determine que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Creemos que si no tenemos ese elemento particular en la sentencia, estos hechos van a quedar impunes. Once años de impunidad en México nos dan la razón. Bárbara Italia, una de las cinco mujeres que declararon, insiste en que es necesario que el alto tribunal se pronuncie por una investigación que abarque todos los niveles de responsabilidad y que no se quede solamente en la reparación del daño material. Contundente, afirmó que no aceptarán un monto económico a cambio de la justicia. En la jornada del día 17 de noviembre, el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo señaló que el Estado ya ha ofrecido medidas de reparación del daño pero pidió al pleno considerar que se requiere de la “cooperación de ambas partes” toda vez que las mujeres se han negado a participar en el diseño de las mismas. Por su parte, las sobrevivientes de tortura sexual y su defensa legal, argumentaron que la medida más sustantiva de la reparación del daño es una investigación seria. No obstante el Estado mexicano consideró que no podía sancionar a ningún mando. Su principal argumento es que la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, determinó que no había elementos para señalar la responsabilidad de la cadena de mando y que de hacerlo se estarían violando los Derechos Humanos de los jefes policiacos. - AGM: ¿Qué opinan de que el Estado ya tenga un paquete de reparaciones y diga que no es posible investigar a quienes ordenaron el operativo? - BI: El Estado mexicano, desde un poco antes de que se emitiera el informe de fondo, ya tenía su paquete de reparaciones. La vía que estaba buscando era la solución amistosa (mecanismo en la CIDH para evitar que un caso llegue a la Corte). El Estado mexicano tiene años intentando meter un paquete reparatorio que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. El Estado podrá, en su retórica, seguir insistiendo en que hay medidas de reparación pero no son las que nos reparan a nosotras, son las que para ellos se apegan a esta lógica de pretender no investigar e irse con otras medidas individuales que, por supuesto son importantes, pero que no son vitales para nosotras. En esa lógica, el Estado seguirá diciendo misa pero nosotras no quitamos el dedo del renglón. - AP: Una cosa es que quieran y otra cosa que se dé. Lo han intentado desde hace mucho. ¿Una solución amistosa? ¿De cuántos muertos que ha habido en México, de cuántas personas por políticas impunes? No puede haber solución amistosa. Ahorita ya no. Ya estamos en la Corte, la sentencia de la Corte será lo que se tendrá que llevar, eso no es negociable ya. ROMPIENDO EL SILENCIO La mañana del 16 de noviembre, las mujeres presentaron sus testimonios. Señalaron los daños psicológicos y familiares de la tortura sexual. Por ello, y pensando en lo que viven otras mujeres, pidieron que la Corte Interamericana considere en su sentencia que una de las medidas de reparación del daño sea la creación de un Centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual. Hicieron esta propuesta porque en su travesía por las instituciones mexicanas, la cual han sobrellevado arropadas por la sociedad civil, han conocido a más mujeres víctimas de tortura sexual. De ahí que el Centro que proponen tiene dos objetivos: dar acompañamiento a mujeres y sus familias desde un enfoque psicosocial y con una perspectiva de Derechos Humanos; y, documentar para comprobar cómo las fuerzas de seguridad ejercen la tortura sexual en todo el país. - AGM: Algunos jueces preguntaron por qué afirman que la tortura es una práctica generalizada en México ¿por qué hacen esta afirmación? - P: En todos los movimientos que ha habido, como fue Oaxaca y algunos otros, casi siempre se ve el mismo abuso de la fuerza, el abuso de las mujeres. Casi siempre que veo las noticias veo el abuso y no nada más es en México, es en diferentes países. Lo vimos en España, en Barcelona. Esa parte es la muestra de que es general. - BI: Cuando nosotras salimos (en 2006) se hablaba de violación y nosotras intentamos hacer una distinción sobre el uso político de la violación, como estrategia de control social. A ti te pueden violar en el microbús, te pueden violar saliendo de una fiesta y, sí, hay elementos de dominación pero es distinto. Hay una vulnerabilidad contra las mujeres muy específica cuando estas en custodia de agentes del Estado, eso por supuesto se configura en tortura sexual. “Nosotras quisimos enfocar ese elemento y esa dimensión de la violencia contra las mujeres y cómo se tortura a las mujeres de una manera diferenciada que a los hombres. A las mujeres nos violan casi sí o sí, bajo contexto de detención. En otros periodos de la historia nos violaban pero no se miraba ni se daban pistas que tenía un elemento fuertemente político, de dominación de la sociedad y hacia los movimientos”. Para Patricia, Angélica Patricia, Bárbara Italia, Yolanda y Cristina junto con Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, es claro que la tortura sexual es una herramienta del Estado y por eso seguirán luchando para que se deje de usar. Ahora llegaron a la última instancia facultada para juzgar violaciones a Derechos Humanos en el continente, y por eso esperan que una vez concluida la audiencia, los jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza, Elizabeth Odio Benito, emitan una sentencia a su favor aunque la tortura sea irreparable. Con la próxima resolución, que se espera para 2018, México podría sumar tres condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura sexual contra mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en 2010 cuando el organismo encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado de Guerrero. 17/AGM/LGL