Ginebra.- En la víspera del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* ha pedido a los Estados de todo el mundo que deroguen las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto y las políticas basadas en estereotipos anticuados, liberar a las mujeres que se encuentren prisión por cargos de aborto y para contrarrestar los estigmas contra el mismo. Las expertas y el experto también hicieron un llamado para que el 28 de septiembre se convierta en un día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para alentar a los gobiernos a decriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible. A continuación su declaración completa: "La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho de cada mujer y cada niña de todo el mundo. Lo mismo sucede con el derecho a la salud y a la no discriminación.” Demasiadas mujeres en todo el mundo continúan sufriendo leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias. Para conmemorar el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro de este año instamos a todos los Estados a que pongan fin a la criminalización del aborto y aseguren que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, incluida la atención sexual y reproductiva, de manera segura, en consonancia con sus derechos humanos. Instamos a los Estados a que garanticen que sus leyes, políticas y prácticas se basen en sus obligaciones en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres. Actualmente, hay muchos factores que contribuyen a que a las mujeres les sean negados los servicios esenciales de salud para la interrupción del embarazo y la atención posterior al aborto. Éstos incluyen la criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización, la disuasión y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud. Estos factores empujan a millones de mujeres a abortos inseguros y las dejan sin tratamiento esencial para su recuperación. Negar a las mujeres el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos. Esta discriminación se agrava para muchas mujeres en situaciones vulnerables, incluidas niñas y adolescentes que pueden tener restricciones adicionales en su acceso a servicios de salud, y mujeres pobres que carezcan de los recursos para acceder a abortos seguros. Las restricciones al acceso al aborto seguro son el resultado de actitudes sociales que estigmatizan a las mujeres y sujetan sus cuerpos a los propósitos políticos, culturales, religiosos y económicos de otras personas. La criminalización del aborto perpetúa aún más el estigma y la discriminación e infringe la dignidad y la integridad física de las mujeres. El sufrimiento mental y físico que sufren las mujeres cuando se les niega este procedimiento, o el estigma que enfrentan al buscarlo, son otras violaciones de sus derechos humanos. A lo largo de los últimos 30 años, el movimiento del Día del Aborto Seguro se ha extendido desde América Latina y el Caribe y actualmente tiene un alcance global, contribuyendo a persuadir a los gobiernos a descriminalizar la terminación del embarazo, acabar con el estigma y la discriminación, y proporcionar servicios de una manera legal, segura y asequible. Sumamos nuestra voz a los fuertes y valientes llamados de muchas organizaciones no gubernamentales que abogan por un aborto seguro en todo el mundo y pedimos que el 28 de septiembre sea reconocido como un día internacional oficial de la ONU sobre el aborto seguro”.