Oaxaca.-Las autoridades mexicanas avanzan con megaproyectos como autopistas, aeropuertos y monocultivos transgénicos sin considerar las afectaciones a las personas que viven en sus alrededores. Esta es una de las conclusiones principales que publica hoy la especialista chilena Isabel Madariaga, ex funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras dos meses de investigación sobre tres megaproyectos en el país. También indica que, a los pueblos afectados, de origen indígena, no se les reconoce el derecho a la libre determinación consagrado en la constitución y en el derecho internacional y no existe una consulta libre, previa e informada. “Hay un uso abusivo del poder, tanto desde el punto de vista del derecho internacional, que México se ha comprometido a respetar, como desde la perspectiva de resoluciones judiciales que disponen proteger a los pueblos, pero que son ignoradas por las autoridades, en un abierto desprecio hacia el Estado de derecho y la justicia”, dijo Isabel Madariaga desde Santiago de Chile. [caption id="attachment_394940" align="aligncenter" width="643"] CIMACFoto:Yunuhen Rangel Medina[/caption] Estas observaciones fueron formuladas luego del estudio de los impactos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche; y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos. “El gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples pero cruciales para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos”, resaltó Isabel Madariaga. Entre ellas menciona fortalecer la legislación agraria, que actualmente desprotege a los pueblos indígenas; respetar su derecho al consentimiento y a definir sus prioridades de desarrollo; y obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales cuando éstos no les convienen. El informe “Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia” fue entregado a la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien se encuentra de visita oficial en el país, al Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, y a otras autoridades nacionales e internacionales.