Oaxaca.- Organizaciones de la sociedad civil señalaron de irresponsable al gobierno mexicano por haber prometido la legalización de la pesca de totoaba, especie en peligro de extinción, en el Alto Golfo de California para los primeros meses del próximo año, sin considerar que se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales antes de dar falsas esperanzas a los pescadores de la zona.

En un informe sobre las consecuencias de legalizar el comercio de totoaba, las organizaciones señalaron que aunque en México se adecúen las leyes, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares, partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México forma parte.

El pez totoaba es una especie endémica mexicana en riesgo de desaparecer, cuya vejiga natatoria (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, pero que en el mercado asiático se vende en miles de dólares. Es por ello que está siendo capturado sin control, pese a que está prohibido. Para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba a países de Asia u otros continentes, el gobierno tendría que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro. Lejos de ayudar a "aliviar"el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita.

Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse del comercio de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación. Así lo denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Defenders of Wildlife, Conservación de Mamíferos Marinos de México (Comarino), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) y Greenpeace.

Las organizaciones ambientalistas señalaron que antes de abrir la captura de totoaba con fines comerciales, "de repoblamiento" o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población (abundancia de ejemplares) a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, más allá de la evaluación que realiza el Instituto Nacional de Pesca, el cual no se ha dado a conocer[1], pero podría servir de base científica si se realiza correctamente, sin inventar o excluir datos.

Es urgente conocer el número de ejemplares de totoaba para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible si el gobierno mexicano pretende reabrir el comercio de esta especie. Según las organizaciones firmantes, otorgar permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no ser explotado de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación.

Las organizaciones consideraron indispensable crear una Norma Oficial Mexicana o Programa de Manejo de pesca de la especie que establezca todas las regulaciones para garantizar una pesca sustentable que no afecte a las poblaciones silvestres, e incluya las medidas para reducir las amenazas vigentes y el aprovechamiento integral de la especie, así como las medidas que permitan la puntual y correcta vigilancia de las embarcaciones durante el proceso de pesca. Entre esas medidas pueden estar un sistema de monitoreo satelital, un programa de observadores a bordo, un sistema de video y otras. De otra manera, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello.

Actualmente existen en México seis Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMAs) de totoaba avaladas por la Semarnat[2]. Los titulares de las UMA tienen autorizado llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez. Sin embargo, según los permisos, sólo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de juveniles con fines de repoblamiento[3]. Dado que el porcentaje restante se puede comercializar, es posible afirmar que el propósito principal de las UMA es la venta de ejemplares de totoaba, en lugar de la recuperación de su población.

Por otra parte, la empresa mexicana Cygnus Ocean Farms SA de CV, que ya tiene un permiso de acuacultura de fomento[4], ha obtenido también una autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Semarnat para un proyecto de acuacultura comercial de totoaba frente a la costa de Guaymas, Sonora[5].