Oaxaca.-El domingo 19 de noviembre las oficinas del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) fueron allanadas; sustrajeron varias computadoras y expedientes de los casos de violaciones a Derechos Humanos que acompaña legalmente la asociación civil. El hecho fue divulgado en un comunicado por los integrantes de la organización, quienes afirmaron que no es la primera ocasión que son víctimas de estos asedios. La directora del Gadh, Karla Micheel Salas Ramírez y el coordinador jurídico, David Peña Rodríguez, tuvieron en octubre de 2015 un intento de hackeo en sus teléfonos móviles a través de “Pegasus”, un programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano. En esta ocasión, los abogados reconocidos por su labor en la defensa de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, informaron que se llevaron expedientes y computadoras de los casos que tratan, no sólo de ellos, sino también de la Asociación por una Cultura de los Derechos Humanos, con la que comparten el espacio de las oficinas ubicadas en la colonia Narvarte. Señalaron que ese mismo día presentaron una denuncia en la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), por la cual se inició la carpeta de investigación (número 1000) para deslindar las responsabilidades sobre el ilícito. “Este allanamiento y el robo de las instalaciones de las oficinas de ambas organizaciones está inmerso en un contexto de otros actos de intimidación y amenazas que integrantes de estos organismos de las sociedad civil han recibido”, denunciaron en el comunicado. En 2015 cuando comenzaron a recibir los mensajes de Pegasus,  ambos abogados asumieron la defensa legal de las víctimas de feminicidio del caso Narvarte. Actualmente representan otras violaciones a los DH como el caso de Dafne McPherson acusada de homicidio luego de sufrir un parto fortuito en Querétaro; el de feminicidio de las cuatro niñas y una mujer adulta asesinadas por un ex militar en Tamuín, San Luis Potosí, es otro de los casos que llevan. Otros casos que han llevado es el asesinato de la activista Bety Cariño y Jyri Jaakkola ocurrido en Oaxaca en 2010 y el de Digna Ochoa y Plácido en 2001 en la capital del país. Asimismo coadyuvaron en el caso de la acusación de la red de trata de personas encabezada por el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en julio de 2015. En contra del Estado mexicano también litigaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el caso conocido como  “Campo Algodonero”, referente al feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por este recibieron múltiples amenazas y cuentan desde 2008 con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las intimidaciones no sólo han ido en contra de Salas y Peña, indicaron que recientemente un colaborador de la organización en Ciudad Juárez recibió amenazas vía telefónica, también allanaron el domicilio particular de la responsable del área de prevención; y robaron en el domicilio de una integrante de la Asociación por una Cultura. Ante las agresiones, mencionaron que la abogada Karla Micheel Salas acudió al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) y también al Mecanismo de la Ciudad de México, con el objetivo de que reciban protocolos y medidas de seguridad. Por último, ambas organizaciones exigieron a las autoridades de la Ciudad de México que esclarezcan los hechos, ya que ha afectado de manera importante su trabajo y podría tratarse de un acto de intimidación por la labor que realizan, dijeron. Karla Micheel Salas y David Peña también forman parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y en 2010 ganaron el premio de Derechos Humanos otorgado por el Consejo de Abogados de Europa (CCBE) por su trabajo en la defensa de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.