Agencias Oaxaca.-En 17 años, 126 periodistas, fueron asesinados en México, hecho que delata, la severa crisis de derechos humanos que persiste en el país, donde se cometen actos violentos con la sociedad, las mujeres y la libertad de expresión. En menos de 5 meses, se cometieron siete homicidios, equivalentes casi a un 5 por ciento del total registrado en los últimos 17 años. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este dato representa, un aumento de 300 por ciento en el número de casos respecto a 2016. Entre el año 2000 y 2017, el número de asesinatos asedio a 126. En el periodo de 2005 a 2017, se contabilizó 20 desapariciones periodísticas. En el periodo que va del año 2006 al 16 de mayo del 2017, la CNDH encontró, que se reportaron 51 atentados a medios de comunicación. El Estado de Veracruz encabeza la lista de estados donde hay más agresiones o crímenes contra la labor periodística con 20 casos, le sigue Oaxaca con 15, Tamaulipas con 14, Guerrero con 14, Chihuahua con 14 y Sinaloa con siete. Por su parte, la organización Articulo 19, registró en el 2016, 426 agresiones contra periodistas, por lo que consideró dicho año, como el más violento para la prensa mexicana, ya que las agresiones aumentaron un 7 por ciento respecto de 2015, cuando se documentaron 397 casos. El 2016 fue el año de mayor registro de periodistas asesinados, con 11 ; número cercano al registrado por la organización, durante los años 2010, 2008 y 2006, 10 asesinatos; años caracterizados por la llamada “guerra contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Para la organización Reporteros Sin Fronteras, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojo, se presentaron 58 asesinatos, 14 desapariciones a periodistas y poco más de 40 atentados a instalaciones de medios de comunicación. Durante el sexenio de Vicente Fox, hubo 31 periodistas asesinados, 4 desparecidos y 45 atentados contra instalaciones de medios. Entre el año 2010 y 2016, Artículo 19 documentó, 2 mil agresiones personales o a medios de comunicación, número que contrasta con el de la FEADLE de la Procuraduría General de la República (PGR) que señala tan solo 906 investigación; por lo que, señala la organización no gubernamental, no se denuncian muchas de las agresiones, ya que este número represento 50 por ciento menos del contabilizado. La respuesta de las autoridades Desde junio del 2012, se encuentra vigente el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el cuál nació de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su objetivo, es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa o promoción de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión. De acuerdo con el informe estadístico de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hasta abril de 2017, habían acudido al Mecanismo de Protección, 196 personas: 60 mujeres y 136 hombres. La estadística generada por el mecanismo, ha hecho notar el crecimiento constante de riesgos en la labor periodística; sin embargo, el mismo, no da solución a los casos; incluso ha sido declarado por Miche Forst, relator especial de la ONU, como un aparato ineficiente, que opera mal y genera incertidumbre, debido a que sus recursos financieros, logísticos y humanos son limitados. En la actualidad el mecanismo de protección, opera con remanentes de su fideicomiso, ya que en este 2017, la Cámara de Diputados no asigno presupuesto para su operación. Al respecto, periodistas organizados, han pedido que se revise y supervise, que se tenga dinero y se atienda a la demandas con celeridad. Como respuesta a estas peticiones, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dijo que “se pedirá al Poder Legislativo que considere una partida especial en el presupuesto del próximo años”. Hoy día, los estados de hidalgo, San Luis Potosí, Cuidad de México y Coahuila cuentan con mecanismo de protección para periodistas. Siendo que desde octubre de 2015, Veracruz tiene un Plan de Contingencia. A pesar de ello, la mayoría de los casos quedan impunes. La CNDH informó que en 2016, el 90 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedaron sin resolver, esto incluye al 82 de los asesinatos y el 100 por ciento de las desapariciones. Según la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de julio de 2010 a diciembre de 2016 se recibieron 798 denuncias por agresiones contra periodistas, de esas, 47 fueron por homicidio; en esta caso, solo el 107 casos los agresores se consignaron a un juez, sólo hay tres sentencias condenatorias, y ninguna se relaciona con desapariciones u homicidios. Testimonios de periodistas que han sufrido agresiones aseguran que “el personal de la fiscalía local está poco capacitado para atender las agresiones a periodistas, perseguir y tipificar el delito es complicado para ellos. Mientras que los agentes ministeriales quieren minimizar las agresión a un tema de un conflicto personal o pasional”. Asimismo la organización Human Rights Watch señala, en su informe sobre la situación de violencia contra periodistas del año 2016 que, “las autoridades en general no investigan adecuadamente los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión”. Violencia contra mujeres periodistas Uno de los datos que destaca, en lo que se refiere a agresiones contra periodistas, es el específico hacia las mujeres que ejercen esta profesión; ya que de acuerdo con la opinión, de Martha González Moreno especialista, la promoción de la eliminación de la violencia contra las mujeres y la participación política, aumenta el riesgo de su labor. Los ataques contra mujeres periodistas, aumenta cuando tratan temas relacionados con el aborto, el matrimonio igualitario y la defensa de victimas de feminicidios; las agresiones, generalmente se relacionan con asuntos familiares, amenazas a sus hijos o son de tipo sexual. La organización Artículo 19, afirma que desde 2005 han sido asesinadas ocho mujeres periodistas y detalla: el 16 de abril de 2005, Dolores García Escamilla, en Tamaulipas, del medio Stereo 91; el 7 de abril de 2008 Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, Oaxaca, Radio Copala; el 27 de junio de 2011, Yolanda Ordaz de la Cruz, Veracruz, Notiver; el 24 de septiembre de 2011, Elizabeth Macías Castro, Tamaulipas, Primera Hora; el 28 de abril de 2012, Regina Martínez Pérez, Veracruz, Proceso; el 8 de febrero de 2016, Anabel Flores Salazar, Veracruz, Sol de Orizaba. El 23 de marzo de 2017, Miroslava Breach Velducea, Chihuahua, La Jornada. en abril, Artículo 19 en su informe anual 2016, “Libertades en resistencia”, destacó “el aumento de agresiones contra mujeres periodistas, que de 2015 a 2016 incrementó 15 por ciento, con 96 casos, 14 de ellos con componente de género”. La organización entre periodistas A partir del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, el pasado 15 de mayo, en Culiacán, Sinaloa, se ha desatado una serie de manifestaciones, condenas y exigencias de actores sociales que han impulsado a las organizaciones de periodistas. Cientos de periodistas de todo el país, se manifestaron frente a SEGOB, un día después del asesinato de Javier Valdez, demandando que se hagan públicos los avances de las investigaciones por los asesinatos y agresiones; así mismo, que se revise la actuación del Mecanismo y se establezca una política integral de protección de periodistas. El 24 de mayo, 39 medios de comunicación mexicanos y extranjeros publicaron un pronunciamiento titulado “¡Basta ya!”, que denuncia una “ofensiva asesina” contra periodistas. Nunca antes las grandes empresas periodísticas, habían protestado juntas contra los agravios, sin embargo, destacan Grupo Fórmula, El Financiero, El Heraldo, El Universal, Grupo Expansión, Grupo Milenio, Grupo Radio Centro, Grupo Reforma, Grupo Imagen, La Jornada, Letras Libres, MVS, Nexos, El Noroeste de Sinaloa, RíoDoce de Sinaloa, Sin Embargo MX, TV Azteca, Núcleo Radio Mil, y Organización Editorial Mexicana; en la exigencia de la resolución de los casos.