Jueves 31 de agosto, 2017. 05:30 pm
Aumentan agresiones a defensoras de DH
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Por: Montserrat Antúnez EstradaCimacnoticias | Ciudad de México.- 31/08/2017De junio de 2016 a mayo de 2017, aumentaron las agresiones a defensoras de Derechos Humanos en el país, esto pese a que el gobierno mexicano está suscrito a instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que lo obligan a garantizar el bienestar de las mujeres.
Esta semana la organización Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH), el Comité Cerezo México e integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada presentaron su informe “Defender los Derechos Humanos en México: La ejecución extrajudicial como respuesta del Estado”.
En él informaron de 29 casos donde defensoras fueron víctimas de actos violatorios de sus Derechos Humanos, fueron menos que el año pasado (44), pero incrementaron agresiones como las detenciones arbitrarias en su contra.
En el informe hecho con datos de organizaciones de diferentes entidades del país encargadas de documentar y acompañar casos de agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos donde el responsable fue el Estado mexicano por comisión, omisión o consentimiento, se indica que en 47 por ciento de los casos no fue posible registrar el sexo de las personas agredidas, pero con las cifras que se tiene se sabe que las mujeres representaron 21 por ciento de las agresiones totales documentadas.
Los actos violatorios más frecuentes hacia las personas defensoras fueron las agresiones, hostigamiento y discriminación traducidas principalmente en el desalojo, disparos con arma de fuego y golpes.
En el periodo del informe se registraron 579 actos violatorios de los Derechos Humanos (entre los que se encuentran golpes y detenciones arbitrarias), pero en general desde 2011 a lo que va de 2017 se incrementaron 493 por ciento.
DETENCIONES ARBITRARIAS
En el último año también aumentó el número de mujeres privadas de su libertad arbitrariamente, pasaron de 35 -que representaron ocho por ciento del total de personas detenidas-, a 199 mujeres, es decir 25 por ciento del total.
Para las organizaciones a cargo del registro, el aumento en los casos de privación de la libertad se debe, principalmente, “a la participación generalizada de la población en las protestas del ‘gasolinazo’ y a las detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra miembros de las normales rurales femeniles”.
Las entidades donde se registraron más casos de mujeres privadas de su libertad fueron Chiapas –con más de 92- seguido por Michoacán con más de 50, así como la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.
Otras agresiones contra los derechos de las defensoras que aumentaron fueron las ejecuciones extrajudiciales. En el periodo del informe se registraron tres de defensoras en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, estos representaron cinco por ciento del total.
El número aumentó en comparación con los dos informes anteriores en los que hubo dos ejecuciones arbitrarias por año.
ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO
Las organizaciones destacaron que el miedo es un mecanismo de control social que el Estado mexicano usa para “lograr la parálisis social” y así evitar que las personas defensoras sigan ejerciendo.
Por ello, destacó que las personas defensoras víctimas de agresiones en algunos casos requieren acompañamiento psicosocial y ser valoradas psiquiátricamente para “generar mecanismos de afrontamiento positivos que refuercen sus convicciones”.
El registro de las defensoras que recibieron acompañamiento psicológico tras ser violentadas por su labor evidencia que fueron en su mayoría mujeres de entre 20 y 29 años -34 por ciento-; siguieron las del grupo de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambas representaron respectivamente 24 por ciento de los casos, mientras que el grupo de menor porcentaje fueron las defensoras de 50 a 59 años con 20 por ciento de las atenciones.
En 88 por ciento de los casos cuando las mujeres fueron violentadas defendían Derechos Humanos agrupadas en organizaciones o colectivos. Esto concuerda con la conclusión que consta en el informe donde se expone que en el último año la “estrategia de represión política” del estado mexicano ha consistido en aumentar los actos que afectan a comunidades y organizaciones.
Tan solo en este periodo el número de organizaciones agredidas pasó de 48 -de junio de 2015 a mayo de 2016- a 66 y aumentó el número de comunidades afectadas en comparación con el año anterior, pasaron de 15 a 141.
ACUDDEH y el Comité Cerezo concluyeron que “la represión política se ha vuelto más masiva” y en este año respondió principalmente a las acciones de comunidades inconformes con distintas políticas de Estado como la reforma educativa y la reforma energética, afirmaron las organizaciones.
En él informaron de 29 casos donde defensoras fueron víctimas de actos violatorios de sus Derechos Humanos, fueron menos que el año pasado (44), pero incrementaron agresiones como las detenciones arbitrarias en su contra.
En el informe hecho con datos de organizaciones de diferentes entidades del país encargadas de documentar y acompañar casos de agresiones a personas defensoras de Derechos Humanos donde el responsable fue el Estado mexicano por comisión, omisión o consentimiento, se indica que en 47 por ciento de los casos no fue posible registrar el sexo de las personas agredidas, pero con las cifras que se tiene se sabe que las mujeres representaron 21 por ciento de las agresiones totales documentadas.
Los actos violatorios más frecuentes hacia las personas defensoras fueron las agresiones, hostigamiento y discriminación traducidas principalmente en el desalojo, disparos con arma de fuego y golpes.
En el periodo del informe se registraron 579 actos violatorios de los Derechos Humanos (entre los que se encuentran golpes y detenciones arbitrarias), pero en general desde 2011 a lo que va de 2017 se incrementaron 493 por ciento.
DETENCIONES ARBITRARIAS
En el último año también aumentó el número de mujeres privadas de su libertad arbitrariamente, pasaron de 35 -que representaron ocho por ciento del total de personas detenidas-, a 199 mujeres, es decir 25 por ciento del total.
Para las organizaciones a cargo del registro, el aumento en los casos de privación de la libertad se debe, principalmente, “a la participación generalizada de la población en las protestas del ‘gasolinazo’ y a las detenciones arbitrarias masivas dirigidas contra miembros de las normales rurales femeniles”.
Las entidades donde se registraron más casos de mujeres privadas de su libertad fueron Chiapas –con más de 92- seguido por Michoacán con más de 50, así como la Ciudad de México, Baja California y Oaxaca.
Otras agresiones contra los derechos de las defensoras que aumentaron fueron las ejecuciones extrajudiciales. En el periodo del informe se registraron tres de defensoras en Guerrero, Tamaulipas y Chihuahua, estos representaron cinco por ciento del total.
El número aumentó en comparación con los dos informes anteriores en los que hubo dos ejecuciones arbitrarias por año.
ACOMPAÑAMIENTO MÉDICO
Las organizaciones destacaron que el miedo es un mecanismo de control social que el Estado mexicano usa para “lograr la parálisis social” y así evitar que las personas defensoras sigan ejerciendo.
Por ello, destacó que las personas defensoras víctimas de agresiones en algunos casos requieren acompañamiento psicosocial y ser valoradas psiquiátricamente para “generar mecanismos de afrontamiento positivos que refuercen sus convicciones”.
El registro de las defensoras que recibieron acompañamiento psicológico tras ser violentadas por su labor evidencia que fueron en su mayoría mujeres de entre 20 y 29 años -34 por ciento-; siguieron las del grupo de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, ambas representaron respectivamente 24 por ciento de los casos, mientras que el grupo de menor porcentaje fueron las defensoras de 50 a 59 años con 20 por ciento de las atenciones.
En 88 por ciento de los casos cuando las mujeres fueron violentadas defendían Derechos Humanos agrupadas en organizaciones o colectivos. Esto concuerda con la conclusión que consta en el informe donde se expone que en el último año la “estrategia de represión política” del estado mexicano ha consistido en aumentar los actos que afectan a comunidades y organizaciones.
Tan solo en este periodo el número de organizaciones agredidas pasó de 48 -de junio de 2015 a mayo de 2016- a 66 y aumentó el número de comunidades afectadas en comparación con el año anterior, pasaron de 15 a 141.
ACUDDEH y el Comité Cerezo concluyeron que “la represión política se ha vuelto más masiva” y en este año respondió principalmente a las acciones de comunidades inconformes con distintas políticas de Estado como la reforma educativa y la reforma energética, afirmaron las organizaciones.
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