Ciudad de México.- Luego de más de dos años de discusiones en el Senado, pero sobre todo a casi cuatro décadas de que se empezaron a perpetrar las desapariciones de personas en el país, varias de ellas por agentes del Estado, y con un saldo trágico para miles de familiares, la Cámara Alta aprobó el día de hoy la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce que la ley turnada a la Cámara de Diputados posee avances para enfrentar uno de los problemas más doloroso, urgente y complejo que enfrenta el Estado mexicano. Dichos avances responden a los estándares y a varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, incluidas las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita al país en octubre de 2015. En efecto, la ley establece un tipo penal de desaparición forzada acorde a los estándares internacionales, reconoce el carácter permanente de la conducta, le confiere el carácter de imprescriptible y determina un régimen de sanciones agravadas en determinados supuestos, así como incentivos para dar con el destino de las personas desaparecidas y los responsables.   Además, la legislación plasma la obligación del Estado de buscar a toda persona cuyo paradero se desconozca y establece un Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y Comisiones Locales de Búsqueda, las cuales operarán con una serie de herramientas y plataformas de información, como son los registros nacionales de personas desaparecidas, personas fallecidas no identificadas y fosas. Se crean los programas nacionales de búsqueda y exhumaciones y se adopta un enfoque diferenciado para responder a determinadas personas, como migrantes, niñas, niños y adolescentes, y a las víctimas de desaparición forzada ocurridas en el contexto de la así denominada “Guerra Sucia”. La ley también regula la declaración de ausencia y refuerza el derecho a la reparación de las víctimas. La ONU-DH lamenta que no se haya logrado un consenso en el Senado entre las autoridades, los colectivos de víctimas y quienes les acompañamos en el apartado de búsqueda de personas, el más significativo de los temas materia de esta ley, especialmente en relación a las facultades y recursos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Será responsabilidad de las autoridades acreditar en los hechos y en el corto plazo que, una vez que se haya expedido la ley, el modelo de búsqueda aprobado por ellas sea capaz de dar los resultados necesarios y hacer posible la localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, la identificación certera, el respeto y la restitución digna de sus restos. Para la ONU-DH, el éxito de esta ley dependerá de sus resultados, especialmente en este apartado. La ONU-DH expresa su reconocimiento a las personas que desde la institucionalidad mexicana, tanto en el Senado como en el Ejecutivo, hicieron el mayor de sus esfuerzos para impulsar los contenidos positivos de la ley. De igual forma, la ONU-DH reconoce al Movimiento Nacional por Nuestros Desparecidos en México y a la Campaña Nacional en contra de la Desaparición Forzada por su perseverancia, empuje y capacidad de construir propuestas, muchas de ellas derivadas de la experiencia del dolor que supone la desaparición de un ser querido y su búsqueda incansable. La ONU-DH alienta a la Cámara de Diputados a procesar y aprobar a la brevedad posible esta importante ley. La ONU-DH está consciente de las dificultades que para los colectivos de víctimas ha implicado un proceso legislativo complejo, les reitera su respeto y hace manifiesto su compromiso de seguir trabajando a su lado en la reivindicación de sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación integral, así como en la adopción de medidas para la no repetición. Finalmente, la ONU-DH refrenda su plena disponibilidad para seguir trabajando con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.