Raúl Benet Oaxaca.-El pasado fin de semana la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció la clausura total y temporal de la mina Natividad, enclavada de manera arbitraria en el centro de la comunidad indígena Capulalpam de Méndez, en la Sierra Juárez. La Sierra Juárez de Oaxaca es una de las regiones rurales del país con mejor organización y tradición para el cuidado y el manejo del bosque. Es una región indígena, habitada milenariamente por comunidades zapotecas y chinantecas. Cuenta con considerables superficies de Bosque Mesófilo de Montaña, ecosistema que es muy importante por su biodiversidad y riqueza de hábitats, considerado por Conabio como una ‘joya de la corona de la biodiversidad mexicana’  y que se encuentra fuertemente amenazado. Ahí se gestó la lucha en contra de las concesiones madereras impuestas por las autoridades federales en la primera mitad del siglo XX. Mediante aquellas concesiones, durante más de medio siglo el gobierno federal entregaba los bosques comunales a empresas privadas y paraestatales para que los explotaran a su antojo. La fábrica de papel Tuxtepec infringió en ese tiempo fuerte daño a los bosques oaxaqueños, y a cambio pagaba magras sumas de dinero a las comunidades indígenas, propietarias del bosque, por concepto de ‘derecho de monte’. Las comunidades indígenas de la región pusieron un alto a esa política de concesiones forestales y lograron cambiar la ley. Ahí se establecieron algunos de los primeros aprovechamientos forestales por parte de las comunidades propietarias de los territorios. También se fundaron coaliciones comunitarias ejemplares, como la histórica UZACHI (Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas), que ha tenido un liderazgo mundial en el manejo forestal comunitario y sustentable. Pese a la importancia ambiental de la zona, y pese a ser de propiedad indígena, el gobierno le concesionó también el subsuelo, desde hace décadas, a la compañía minera Natividad, hoy asociada con el consorcio canadiense Continuum Resources LTD, para la apertura de un tajo y el emplazamiento de instalaciones para la explotación de oro, plata y otros minerales. Durante muchos años la mina, con sus presas de jales y su manejo de sustancias extremadamente tóxicas, como plomo, arsénico y cadmio, ha contaminado gravemente el Río Capulalpam, tributario del sistema del Río Papaloapan que pasa por cientos de comunidades y desemboca en el Golfo de México. Tres presas de jales se derrumbaron ahí en el 2010. A lo largo del cauce del río la mina ha dejado una estela de muerte donde antes había una riqueza ambiental que proporcionaba alimentos y agua pura a los pobladores, y hábitat para innumerables especies animales y vegetales. No sólo el río, sino tierras agrícolas, bosques y poblados han resultado severamente dañados. El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam, el Profesor Netzar Arreortua, en entrevista, me ha comentado que existen más de 50 kilómetros de obras mineras en el subsuelo de Capulalpam, tales como túneles, tiros y socavones, y que como resultado de estas obras han desaparecido casi todos los acuíferos de la zona, lo cual ha sido verificado por la Conagua, según me relata el profesor Netzar. La Asamblea Comunal de Capulalpam decidió, desde hace poco más de diez años, exigir que se cerrara la mina y que suspendieran todos los trabajos de extracción minera. Desde entonces ha habido una serie de clausuras temporales por parte de la Profepa y violaciones continuas de las clausuras por parte de la mina. El pasado 8 de enero, el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam exigió al Secretario de Medio Ambiente el cierre definitivo, y lo que se logró es una nueva clausura, esta vez por el hecho de que las presas de jales de la mina se emplazaron sin contar con autorización para el cambio de uso de suelo, que es forestal, y por no contar con los estudios de impacto ambiental que este tipo de operación requiere. Desde hace años la Profepa ha venido imponiéndole a la minera este tipo de clausuras por graves afectaciones ambientales, pero la mina encuentra jueces que le conceden amparos, cuando no de plano se amparan en la noche para extraer el mineral de manera absolutamente ilegal. El caso lo lleva un juez de distrito, el décimo en Oaxaca quien le ha negado la suspensión provisional de la clausura a la empresa, pero debido al nulo avance en el asunto legal de fondo, que es la cancelación definitiva, la comunidad está solicitando a la Suprema Corte de Justicia que lo atraiga. Ya la Suprema Corte ha analizado otros casos de violaciones de derechos humanos e indígenas por parte de compañías mineras, como el caso de San Miguel del Progreso en el estado de Guerrero, comentado en esta misma columna, y que mostró la inconstitucionalidad de la ley minera, que pasa por encima de los derechos constitucionales de las comunidades indígenas. La prioridad que le otorga el gobierno a la actividad minera, reflejada en la ley vigente en la materia, es una decisión arbitraria, que muestra el nulo respeto que los gobernantes le profesan a la vida y a los derechos de las comunidades rurales e indígenas.