Lilia TORRENTERA G. Oaxaca.-  La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) presentó este miércoles  la Recomendación 7VG/2017  sobre violaciones graves  a derechos humanos en los sucesos ocurridos el 19 de junio 2016, en Nochixtlán  y  en la que señala que existió una falta intencional de las autoridades federales y también locales encabezadas en ese entonces por Gabino Cué Monteagudo para que ese órgano autónomo realizará una  investigación inmedita y la cual ha quedado sentada en un legajo de 831 páginas. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dio a conocer que dicha recomendación fue enviada al actual gobernador  de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa para garantizar la verdad y la justicia en este caso y se castigue a los responsables además  de que tanto el Gobierno de Oaxaca como la Comisión de Seguridad Pública, emitan una disculpa pública y se elabore un plan integral para la reparación del daño En la conferencia de prensa el Ombudsman nacional, explicó que  en el operativo implementado por la Policía Federal para desalojar  un  bloqueo  carretero  en  el  estado  de  Oaxaca,  “el  cual  habría  sido promovido por simpatizantes de la Sección 22 de la CNTE, derivó  en  hechos  que implicaron violaciones graves a los derechos humanos, que inclusive afectaron a terceros que no participaban activamente en el bloqueo, incluidos niñas, niños y adolescentes,  mujeres  y  adultos  mayores,  además  de  que  varias  personas perdieron la vida o resultaron heridas como resultado de los hechos de violencia que se presentaron. En su intervención, el presidente de la CNDH no hizo mención al contexto previo de violencia y a  la serie de violaciones a derechos humanos de la ciudadanía oaxaqueña por parte de maestras y maestros de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación,  los cuales  legalmente  son funcionarios públicos al servicio del Estado Mexicano y que fueron perpetrados meses antes  derivando en los hechos xomo los del 19 de junio en Nochixtlán, en donde  ningún docente perdió la vida. González Pérez  indicó que durante  doce horas, el operativo  “que bien podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole, se registraron 3 enfrentamientos entre civiles y elementos policiales en las poblaciones  de  Nochixtlán,  Huitzo  y  Hacienda  Blanca  y  Viguera,  como consecuencia de los cuales 7 personas perdieron la vida, 453 civiles resultaron con lesiones físicas (45 de ellos por arma de fuego) o sicológicas, así como 106 elementos policiales (4 de los cuáles tuvieron lesiones por arma de fuego). Señaló que desde  el primer momento de tener conocimiento del caso, la CNDH llegó el mismo día al lugar de los hechos para iniciar la investigación minuciosa  de la cual detalló se realizaron diversas dirigencias. “Se  llevaron cabo entrevistas a los habitantes de la zona, recabó testimonios de los participantes (tanto civiles como policías) recibió videos y fotografías de los hechos y realizó diversas pruebas técnicas y periciales (tales como la georreferenciación de evidencias en materia de balística, la recreación de la probable trayectoria de proyectiles  de  arma  de  fuego  y  la  identificación  de  daños  en  inmuebles) manteniendo una presencia constante en la zona que se extendió por siete meses, a efecto de recabar los elementos de convicción necesarios para llegar a la verdad sobre lo sucedido, determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y propiciar que se deslinden las responsabilidades correspondientes”.   Así también expuso las serias irregularidades en protocolos y acción  tanto de mandos como de policías durante el operativo y la manera de dilación y omisión que  retardaron  la realización de la  investigación y denunció: “Después  de  realizar  una  investigación  que  estuvo  marcada  por  la  falta  de cooperación real y efectiva por parte de las autoridades involucradas en los hechos y de aquellas encargadas de la investigación penal de los mismos, así como por la dificultad para tener un acceso libre a las poblaciones donde se verificaron los enfrentamientos, por la inadecuada preservación de los lugares en que ocurrieron los hechos, así como un indebido resguardo y preservación de diversas evidencias”. González López  expuso que como resultado de meses de indagación se llegó su conclusión  con la emisión de la  respectiva recomendación que entre sus principales puntos destaca:   “El 19 de junio de 2016 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Federal,  Gendarmería,  así  como  de  la Secretaría  de  Seguridad  Pública,  Policía  Estatal  y  Agencia  Estatal  de Investigaciones del Estado de Oaxaca, que vulneraron, entre otros derechos, los relativos a la vida, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia, a la verdad, así como a un recurso efectivo”.   Asi también el ombudsman nacional  hizo una serie de consideraciones sobre la actuación de los mandos superiores que tuvieron a cargo el operativo:

1. Un operativo  indebidamente  diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en el que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas, antes de emplear la fuerza contra la población.
2. En particular, se advirtió que existió mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes  y  una  inexistente  cadena  de  mando  clara  de responsabilidades y de toma de decisiones. Del mismo modo, se hizo claro que faltó un análisis de inteligencia en que se considerara el día que se iba a llevar a cabo el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores, las posibles afectaciones a terceros ajenos a los hechos, así como la ubicación de instalaciones hospitalarias y escolares, entre otros aspectos.
3. Un operativo en el que no se realizó una adecuada supervisión de los elementos policiales que intervinieron en el mismo, antes de su inicio y durante su desarrollo, lo cual propició que participara personal sin el adiestramiento y el equipamiento adecuado para el objetivo que se les había encomendado, situación que, entre otros factores, repercutió en el uso excesivo de la fuerza en contra de la población, así como en las lesiones que sufrió el propio personal policial.
4. Cerca del 11.75% del total de policías estatales que participaron en el operativo no estaban en condiciones para acudir al mismo porque no estaban debidamente capacitados (como fue el caso de 30 elementos pertenecientes a la Banda de Guerra y diverso personal administrativo) porque tenían más de 24 horas laborando o no contaban con el equipo completo, resultando lesionado casi el 15% del personal que se ubicó en estos supuestos.
5. Si bien es cierto que el Estado a través de sus corporaciones policiales, cuenta con la facultad y potestad de hacer uso de la fuerza, no puede emplearla sin límites e indiscriminadamente. El operativo llevado a cabo el 19 de junio de 2016, estuvo al mando de la Policía Federal y había un Grupo de Coordinación, integrado por representantes de todas las dependencias involucradas, quienes debían analizar la situación y ponderar el uso de armas de fuego para instruirlo así de resultar procedente, no  obstante  lo  cual,  la  fuerza  letal  fue  empleada  de  manera desordenada, arbitraria y a consideración individual de cada policía.
6. En cuanto a la investigación de los posibles delitos derivados de los hechos ocurridos el 19 de junio, esta Comisión Nacional advirtió la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia a la normatividad aplicable por parte del personal ministerial de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, mismas que no han sido subsanadas en su totalidad por la Procuraduría General de la República, instancia que ejerció la facultad de atracción sobre la carpeta de investigación principal, y que durante más de un año no ha realizado diversas diligencias que  resultan  necesarias  para  conocer  la  verdad  y  determinar  las responsabilidades que deriven de las personas fallecidas, lesionadas y afectados en  sus    Entre  otras  diligencias  pendientes  destacan  la  falta  de  una reconstrucción de hechos y la toma de declaraciones de testigos y víctimas.

Así mismo González Pérez indicó que la recomendación que consta de 26 puntos fue dirigida al Gobierno del Estado de Oaxaca, a  la  Comisión  Nacional  de  Seguridad,  la  Procuraduría  General  de  la República y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ello para que cada instancia garantice  que  la  verdad  y  la  justicia  llegue  a  este  caso,  se  deslinden  las responsabilidades que se hayan generado y se apliquen las sanciones que en derecho procedan, se reparen los daños y afectaciones causados a las víctimas, se atiendan las problemáticas socio económicas existentes en la región donde se presentaron los hechos y, de manera enfática, se prevenga el que se repitan hechos similares. Y exigió: Es claro que la investigación de lo que ocurrió, debe ser de cara a la sociedad para generar la confianza necesaria, siendo para ello un elemento fundamental que los responsables den cuenta de sus actos conforme a derecho, además de que se diseñen y ejecuten los esquemas adecuados de reparación integral de las víctimas, tanto en lo individual como en lo colectivo, dado que las violaciones de los derechos   Documentos: Recomendación 7VG72017   Contexto de las Violaciones a Derechos Humanos   Consideraciones finales del Presidente de la CNDH