Oscar VALDIVESO

Oaxaca.- Tres integrantes del Cosejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, reprocharon al ombudsman, Arturo Peimbert Calvo justificar la militarización en zonas de desastre, cuando se ha comprobado que la presencia de militares en las comunidades, en la mayotiía de los casos ha traido como consecuencia una sistemática violación de derechos humanos.

El consejero, Pedro Matías y las consejeras ciudadanas, Sara Méndez y Eugenia Mata, enviaron una misiva pública al presidente de la DDHPO en la cual  detallan en cinco puntos su desacuerdo de que se apoye el despliegue  al Ejército mexicano en acciones de seguridad pública ante le evidente complicidad de policías estatales y municipales con el crimen organizado.

A continuación el texto integro de la misiva:

En congruencia con nuestras convicciones, el sentido ético y la transparencia que enmarcan nuestro quehacer; así como con todo respeto a la investidura del Defensor, deseamos dar a conocer nuestra posición sobre la determinación que tomó, ante la solicitud de que sea el Ejército Mexicano Nacional, quién se haga cargo de la seguridad en la Región del Istmo, particularmente en aquellos municipios que están más afectados.

1. No ponemos en duda los argumentos y explicaciones que nos brindó posterior y públicamente, ante la grave situación de inseguridad que se vive en la zona, así como sobre las solicitudes que han hecho sectores de la población, que suponen que estarán protegidos por la presencia militar, ante el comportamiento ilícito-delictivo de integrantes de la policía municipal y estatal, coludidos con grupos de crimen organizado, que reproducen múltiples situaciones de violaciones a los derechos humanos.

2. No obstante, coincidimos con las voces que han expresado su desacuerdo, de que sea el órgano autónomo de Derechos Humanos del estado, la instancia que lo solicite, cuando es a su vez, receptora de quejas o denuncias sobre las graves y sistemáticas violaciones que han sufrido en esa región, instancias y comunidades organizadas.

3. Consideramos que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tiene otros instrumentos jurídicos, que le permitan ser una voz contundente para denunciar y exigir el respeto a los derechos humanos y por lo tanto, pueda a su vez, emitir alertas tempranas, recomendaciones e  incluso solicitar la coadyuvancia de otras instancias nacionales e internacionales.

4. Entre las principales violaciones –que son conocimiento de esta Defensoría- destacan el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Nuestro dicho se basa en la serie de testimonios y observaciones en campo, en donde las personas siguen refiriendo que no llegan los apoyos a todas las comunidades y municipios. No es cierto que se ha levantado censo en todas las comunidades; se han dado casos de extorsión y condicionamiento de la ayuda, así como la utilización política de esta terrible desgracia, cuando funcionarios municipales, acogen en sus casas la ayuda, a pesar de la existencia de centros de acopio, por mencionar algunas situaciones.

5. La reserva con respecto a que se mantenga –aunque sea temporalmente– la presencia del ejército, obedece a experiencias anteriores donde su presencia no ha garantizado la seguridad y más bien se dieron casos de acoso sexual hacia mujeres, principalmente jóvenes y/o la interpretación- no siempre correcta- de la aplicación de protocolos.

Por eso insistimos en la urgente necesidad de que la DDHPO evidencie de manera contundente, esas violaciones a los derechos humanos, así como a los responsables que directa e indirectamente, están implicando se re-victimice a la población que ha sido afectada. Nos preocupa mucho que ahora se reporte un número mucho menor de municipios  afectados por el desastre natural en más de 250 municipios, lo que al final significa minimizar el impacto en esas comunidades y por lo tanto la consecuencia posible, sería la reducción del apoyo que amerita.

Reiteramos nuestra disposición a seguir actuando como cuerpo colegiado, a contribuir en las acciones de defensa de los derechos humanos, pero no podemos seguir aceptando decisiones que no fueron oportunamente consultadas y consensadas por el Consejo.

Proponemos –ante esta grave coyuntura- que a la brevedad, este Consejo Ciudadano realice una gira por diversos lugares, no sólo de la Región del Istmo, sino también de la Mixteca, para que -coordinadamente con el personal-, revisemos la situación que vive la población afectada, en cuanto a sus derechos humanos, a efecto de contribuir a que la Defensoría cumpla con sus atribuciones.

CONSEJERAS Y CONSEJERO INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO

Sara Méndez

Eugenia Mata

Pedro Matías