Lilia TORRENTERA G.

Oaxaca.- El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos del Pueblo Oaxaqueño (DDHPO) rechazó la presión de la organización Sol Rojo para obligar a entablar un diálogo luego de los actos violentos registrados para exigir dinero público destinados  supuesto proyectos productivos además de enarbolar la defensa de comunidades indígenas.

El martes pasado, hombres y mujeres esbozados, realizaron una marcha desde la fuente de las Ocho de la Regiones durante ka cual con lujo de violencia  vandalizaron edificios públicos y  casas privadas hasta llegar a la sede de la Defensría, donde prácticamente secuestraron a funcionarios y trabajadores exigiendo la renuncia de Arturo Peimbert Calvo como presidente de ese  órgano autónomo.

En esa manifestación, la organización inconforme era encabezada por Yolanda Ortiz.

Ante esta actitud de intrasigencia y violación de derechos humanos de tercero, el Consejo Ciudadano optó por rechazar las presiones que solo buscna  doblar a esta instancia para ganar impunidad.

A continuación el texto integro

Recibimos de parte de la Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos del Pueblo Oaxaqueño (DDHPO) su escrito del 16 de octubre donde manifiestan su inconformidad ante el desempeño que ha tenido el Lic. Arturo Peimbert Calvo, Defensor y Presidente de este órgano autónomo, en la atención a las demandas de su organización.

El día de ayer, 17 de octubre, vía mensaje telefónico, conocimos de su exigencia de reunirse con el Consejo Ciudadano, sin la presencia de su presidente, para externar sus demandas, en el entendido de que permanecerán en plantón en las instalaciones de la Defensoría hasta tener una respuesta de esta instancia. Mediante este conducto, deseamos expresar nuestras opiniones al respecto:

1.       Como ustedes conocen bien, el Consejo Ciudadano lo integran precisamente hombres y mujeres que participamos en diversos ámbitos, incluso de carácter social, y que nuestro cargo se hace de manera honorífica, lo que significa que no estamos adscritos a nómina alguna en la DDHPO.

2.      Como lo especifica la Ley que nos rige de la misma instancia, en sus artículos 16 y 17, nos corresponde aprobar las políticas y lineamientos generales, los programas, normas, manuales y procedimientos administrativos internos de la Defensoría; es decir, desde nuestra mirada ciudadana, significa vigilar el desempeño de este órgano autónomo.

3.      En numerosas ocasiones, nos han solicitado nuestra intervención ante diferentes casos, a lo cual no nos hemos negado, ya sea de manera colegiada y/o con la intervención de varios de sus integrantes.

4.      Entendemos el derecho que tienen a la libre expresión, al derecho de manifestación y a disentir con políticas que ustedes consideran violan los derechos humanos; no nos preocupa  el disenso, ya que al interior de este Consejo también nos hemos expresado de manera abierta y clara.

5.      No compartimos el que la violencia sea la vía para establecer el diálogo. Nos preocupa que para que sus derechos humanos sean aceptados, se violen los derechos de otras personas, como son quienes trabajan en la institución, y se les intimide no permitiéndoles salir de las instalaciones, cortándoles la electricidad y dejándolos sin alimentos, además de que también se impida el paso a quienes pretendan ingresar a la Defensoría para colocar sus propios casos. En especial, reprobamos que ese trato intimidatorio haya sido empleado contra mujeres embarazadas, personas adultas mayores y/o con discapacidad. Tampoco aceptamos que atacar la infraestructura sea la mejor manera para hacerse escuchar.

6.      Entendemos perfectamente la indignación que manifiestan ante la falta de una justicia expedita, el no acatamiento de las dependencias correspondientes a sus demandas y las omisiones y fallos de la propia Institución.

Sin embargo, no podemos aceptar bajo esa presión y condiciones el establecimiento de un diálogo.