El Informe muestra que en México continúa siendo un país riesgoso para quienes realizan labores de defensa de estos derechos, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la información y participación.

Las entidades donde se registraron el mayor número de ataques son el Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con 6 casos; Puebla con 5 casos; Colima y Campeche con 4 casos; Veracruz y Chiapas con 3 casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2 casos; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con sólo un caso. Es importante precisar que un ataque a personas defensoras de derechos humanos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones.  Sonora, el Estado de México y Oaxaca se mantienen como las tres entidades con mayor número de casos de ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, en comparación con los informes anteriores.

Las agresiones más comunes fueron dirigidas a individuos (139) y en menor medida a organizaciones de la sociedad civil y comunidades. Los tipos de megaproyectos y actividades donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, con 17, (incluyendo políticas públicas en torno al agua), seguidos de los proyectos mineros (10), de infraestructura (8) e hidroeléctricos (7).  En este caso, se mantiene cierta homogeneidad respecto a los años anteriores, siendo evidente que se trata de tipos de megaproyectos que históricamente han mostrado ser fuente de conflicto en México por sus graves impactos ambientales, sociales y culturales.

Las afectaciones más reclamadas por los defensores -sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos- están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se ve amenazada.  Las agresiones más recurrentes fueron las amenazas (24%), seguidas de la intimidación con un 19%, la criminalización en un 18% y las agresiones físicas se presentaron en un 15%. Otras agresiones registradas fueron el hostigamiento con 11%, la difamación con 6%, la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo en un 2% cada uno.  Únicamente se registró un caso de homicidio, el cual ocurrió en el estado de Chihuahua, vinculado con tala clandestina.

Alejandra Leyva, experta en Derechos Humanos del CEMDA, apuntó que "el Estado mexicano debe de realizar un papel eficaz para prevenir y sancionar las agresiones contra los defensores ambientales, y evitar a toda costa que puedan ser las propias autoridades, en los tres niveles de gobierno, quienes cometen o tienen participación en las agresiones".  Y es que, de acuerdo con los datos obtenidos, 43% de las agresiones provinieron de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; el 14% fueron cometidas por particulares; el 7% por parte del personal de las empresas; el 3% por parte de la gente de la misma comunidad y el 2% por grupos del crimen organizado. En el 31% de los casos no fue posible identificar a los agresores.

De acuerdo con la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas, se entiende por defensores de los derechos humanos ambientales a aquellas personas y grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Esta labor se realiza de manera individual o colectiva como es el caso de las comunidades campesinas y/o indígenas.

Recientemente, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación "por el inquietante número de asesinatos y casos de violencia que, sin lugar a dudas, subestima la verdadera magnitud de las amenazas y los riesgos que enfrentan los defensores de los derechos humanos ambientales." Señaló que la situación se agrava a medida que aumenta la demanda mundial de recursos naturales.

Al respeto, Don Julián López Cánere, integrante del Consejo Indígena Náyeri, expresó que su comunidad está enfrentando graves amenazas en contra de su territorio por el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, así como por concesiones mineras que pretenden explotarse en la zona. Asimismo, mencionó que "la preocupación de nuestras comunidades es que,  por el intento de imponer el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, se han violado nuestros derechos en diferentes formas.  Por un lado, nuestro derecho a la consulta fue violado. No se hizo la consulta sino que se realizó un proceso amañado; están simulando como si nos hubieran consultado. No hemos sido consultados. Por otro lado, no están respetando nuestro derecho a decidir qué queremos en nuestras comunidades. Nosotros ya decidimos y no queremos que se construya la presa Las Cruces, por eso pedimos la cancelación definitiva de este proyecto, respeto a nuestros derechos y territorio, alto a los engaños y abusos, alto a la persecución y violencia. Queremos seguir siendo náyeris y vivir en paz".

La corrupción y la impunidad han sido señaladas como factores que propician las agresiones a las y los defensores del medio ambiente así como el incremento de los conflictos socio-ambientales por los intereses económicos implicados; otra causa de estos conflictos es el desequilibrio del poder  entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales.

El CEMDA incluyó en su Informe una serie de recomendaciones al Estado mexicano, que incluyen garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y las comunidades e indígenas, así como a la participación en las decisiones que les afectan, así como vigilar en todo momento que se respeten los derechos humanos de las personas que habitan en los territorios donde se busca desarrollar los proyectos, suspendiendo aquellos donde ocurran violaciones a los mismos.