· La Fiscalía Especial en Delitos Electorales en Oaxaca y la Fepade impartieron conferencia magistral a servidores públicos judiciales Oaxaca-La preparación y capacitación de jueces y operadores jurídicos en el tema de delitos electorales, es una garantía esencial para hacer efectivo un Estado constitucional de derecho, afirmó el magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Indicó que el proceso electoral que está iniciando es una oportunidad para los mexicanos de construir y dar un nuevo impulso a la calidad democrática, la cual, dijo, “les compete a todos los ciudadanos, los servidores públicos, los partidos políticos, los candidatos y los titulares de los órganos de gobierno. En este sentido el Poder Judicial tiene que aportar su grano de arena para fortalecer el Estado de derecho democrático”. En el marco de la conferencia magistral “Delitos electorales”, impartida por la Fiscal Especial en la materia en Oaxaca, Esther Araceli Pinelo López y el subdirector de Política Criminal y Vinculación en Delitos Electorales de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Enrique Ingelmo Michaca, el magistrado Cordero Aguilar apuntó que la preparación y capacitación de los servidores públicos judiciales es una obligación clave en toda democracia, que debe redituar y tener un impacto inmediato en quienes acuden a pedir justicia. Luego de señalar que la materia penal es la parte dura en la construcción del Estado de derecho, destacó el interés del Magistrado Presidente, Raúl Bolaños Cacho, para que jueces, operadores, secretarios y quienes están inmiscuidos en la tarea de juzgar, tengan las herramientas básicas y los conocimientos sobre el nuevo marco normativo en el tema con la finalidad de que puedan realizar sus funciones con toda la aplicación de la ley. Durante la conferencia, los especialistas explicaron las funciones de ambas instancias y las atribuciones que tienen para investigar y perseguir los delitos electorales, así como prevenirlos. Entre estos mencionaron el recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos; ejercer presión para asistir a eventos proselitistas; amenazar con la suspensión de los beneficios de los programas sociales y apoderarse, destruir o alterar documentación electoral, entre otros.