Cimac Noticias Oaxaca.-En el municipio de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país, organizaciones civiles con trabajo en Derechos Humanos documentaron que existe un patrón de criminalización hacia mujeres de origen centroamericano, quienes son acusadas de los delitos de trata de personas o lenocinio. En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami), presentó en noviembre la investigación “Criminalización de mujeres migrantes”, en el que analizaron cinco casos de migrantes centroamericanas y una mexicana, acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula. En 2013 el Prami participó en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que ingresa cada año al territorio mexicano, ahí conocieron que un grupo de mujeres migrantes permanecían privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil Número 4 (CERSS) ubicado en Tapachula, todas, acusadas por el delito de trata de personas. Esta situación llevó a las organizaciones civiles a sistematizar los datos de las personas centroamericanas recluidas en prisiones de Chiapas. Observaron que a diferencia de los hombres (acusados de homicidio, posesión de armas, y delincuencia organizada) a las mujeres les imputaban delitos de trata, lenocinio o delitos sexuales. De acuerdo con la investigación, en 2015 en el CERSS de Tapachula había 96 mujeres privadas de su libertad; 23 de ellas estaban acusadas por el delito de trata de personas, la mayoría (70 por ciento) provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala. Dos años después, en 2017, sólo una permanecía en reclusión puesto que en los otros casos no hubo elementos para corroborar que cometieron el delito. Con estos datos las organizaciones se acercaron a seis mujeres migrantes del CERSS acusadas de trata de personas, en todos los casos encontraron que no había pruebas que las responsabilizara del ilícito, asimismo, había irregularidades en las investigaciones, fueron engañas o torturadas para confesarse culpables y nunca se respetó su derecho al debido proceso y su presunción de inocencia. LOS CASOS Rosa Elvia Murcia Díaz, una mujer hondureña que viajó a México para encontrar mejores condiciones de vida, estaba en proceso de solicitar una estancia por razones humanitarias en Tapachula. En 2015, un joven se le acercó preguntando la hora, después le pidió “ayuda para conseguir a cinco mujeres para su fiesta de despedida de soltero”. Elvira terminó la conversación y se fue. Un día después, un grupo de personas encapuchadas vestidas de civil la obligaron a subir a una camioneta amenazándola con un arma de fuego y con asesinarla y violarla. La mujer se dio cuenta que uno de los captores era el joven que se acercó con ella el día anterior. Después la obligaron a firmar un papel en blanco. En horas, la Policía Federal la presentó ante los medios de comunicación junto con dos hombres de nacionalidad mexicana y uno de Nicaragua –que no conocía- como parte de un operativo “exitoso contra la trata de personas por explotación sexual comercial”, en el que rescataron a seis mujeres menores de edad. La versión oficial dijo que la detuvieron en una casa donde explotaba sexualmente a cuatro menores de edad mexicanas y dos centroamericanas. Las personas que hicieron la denuncia nunca se presentaron a declarar y hasta 2017 continúa en el CERSS de Tapachula en espera de que acepten la tercera apelación que impone a la sentencia de cinco años de cárcel que le dictaron. Otro caso es el de la hondureña de 41 años de edad, Lorenza Obdulia Reyes. En octubre de 2014 un operativo “anti-trata” de la Policía Federal y Fronteriza irrumpió en el bar de Tapachula donde trabajaba como mesera. En este también participó un agente del Instituto Nacional de Migración (INM), quien dijo que el operativo no estaba autorizado y simplemente se retiró de la zona. Lorenza fue detenida en el Ministerio Público, un policía se acercó y le advirtió que no firmará nada, pues sabía que era inocente. Sin embargo, las autoridades ministeriales la engañaron para que firmara unos papeles en blanco sobre su liberación. Ella aceptó pero fue trasladada al CERSS de Tapachula. La acusaron de trata de personas con fines de explotación laboral con tres años de prisión e impidieron a sus compañeras de trabajo que declararan a su favor. Entre las entrevistas por las asociaciones, también está el caso de una mexicana perteneciente al municipio de Tapachula, Rosario Noriega Soto. Ella relató que unos policías vestidos de civiles llegaron a su casa y le dijeron a ella y a su esposo que su hija estaba en el hospital. Subieron a una patrulla con ellos y los trasladaron a la Estación Migratoria Siglo XXI. Más tarde, a Rosario Noriega la policía fronteriza la interrogó y obligó a firmar un documento tapándole con una mano el texto, con éste la trasladaron directamente al Centro de Reinserción Social Femenil de Tapachula. Ahí, el alcalde de la prisión la regresó a la estación migratoria porque no cumplieron los requisitos para ingresarla, finalmente la sentenciaron a 20 años de prisión por el delito de trata con fines de explotación sexual comercial. Otras de las mujeres entrevistadas del CERSS fue la guatemalteca Guadalupe Pérez Rodríguez, acusada de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella fue detenida sin justificación en el bar donde trabajaba, y como en los otros casos, firmó unos documentos de los cuales desconocía su contenido porque no sabía leer ni escribir. Santa María Rosales proveniente de Honduras fue detenida en su casa por la policía local Fronteriza. Sin orden de cateo, la llevaron a la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes. Ahí la torturaron y obligaron a declararse culpable del delito de trata. Su hija terminó en situación de calle por el arresto. Lilian Elizabeth Aguilar, de Guatemala, buscó liberar a su sobrina de un hombre que la explotaba sexualmente. Pidió ayuda a la Fiscalía de Atención al Migrante en Tapachula, pero la arrestaron, la golpearon y acusaron del delito de trata. Al menos cinco de estas mujeres, con excepción de la hondureña Rosa Elvira, apelaron las sentencias y por falta de pruebas para determinar que cometieron el delito de trata de personas obtuvieron su libertad, indica la investigación. CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES MIGRANTES Las asociaciones civiles señalan que estas detenciones arbitrarias de mujeres migrantes se dan un contexto de vulnerabilidad; ellas trabajan en bares y su estatus migratorio es irregular. No saben leer o escribir, y tampoco tiene dinero para solventar los gastos de un abogado. La organización de las mujeres migrantes privadas de la libertad en el penal de Tapachula, ha sido fundamental para su liberación. Entre ellas Lilian Aguilar y Santa María comenzaron huelgas e informaron a sus compañeras que podían apelar sus sentencias por ser injustas. La vigilancia de las organizaciones también ha sido clave. Según la investigación, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración muestran un incremento en los últimos cuatro años de detenciones y deportaciones: en 2013 fueron detenidas 86 mil 298 personas migrantes en el territorio, de estas, 80 mil 902 fueron deportadas. En 2014 la cantidad de detenciones creció a 127 mil 149 (deportaron al 85 por ciento); 2015 fue el año con mayor número de deportaciones: 181 mil 163 de 198 mil 141 detenciones. Para 2016 la cantidad de deportaciones decreció a 147 mil 370.