Oaxaca.-El 27 de noviembre 2009, Mariano Abarca Roblero fue asesinado afuera de su casa en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, por oponerse a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en su pueblo. A ocho años de los hechos, la justicia no ha llegado aún para el defensor de los derechos humanos y del territorio. El pasado lunes, al cumplirse un aniversario más sin justicia, familia y colectivos volvieron a levantar sus voz y a exigir los gobiernos de Chiapas y federal esclarecer el homicidio y castigar a los culpables, para lo que se requiere que funcionarios y exfuncionarios de alto nivel estatales y directivos de la firma canadiense declaren sobre los hechos. Desde junio pasado, los deudos junto con las organizaciones Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) interpusieron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación al derecho a la vida de Mariano Abarca. Esta denuncia, refieren, permitió que se reabriera el caso aunque hasta ahora, cinco meses después, la Fiscalía de Chiapas “no ha mostrado voluntad de llevar a cabo una investigación seria, profunda y objetiva” que permita sean consignados ante tribunales los autores materiales e intelectuales del crimen. Los colectivos señalan que desde el inicio de las indagatorias, la autoridad estatal se negó a considerar la línea de investigación que sugiere que el crimen pudo ser ordenado por un alto funcionario del gobierno de Juan Sabines en coordinación con la empresa Blackfire. La Fiscalía no ha tomado declaraciones de testigos, pese a que Mirna Montejo, esposa de Mariano, ha solicitado formalmente se les llame a declarar. Hasta ahora es infructuoso. Recordaron que desde antes del crimen, el propio Mariano así como la sociedad civil, colectivos, estudiantes y comunicadores, incluso algunos extranjeros, advirtieron a los gobierno de Chiapas y federal del peligro en el que se encontraba el defensor de las comunidades de la extracción minera. Además, señalan, el papel omiso del gobierno canadiense en este crimen. Mariano y sus compañeros denunciaron las amenazas que recibía como el allanamiento de su casa, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte a él y a su familia ante la Embajada de Canadá en México, a quien explicaron que la empresa Blackfire daba indicios de intentar atentar contra su vida. Lo que la legación diplomática ignoró y no tuvo disposición para tomar alguna medida. Incluso hacen un llamado al presidente canadiense Justin Trudeau a atender las múltiples denuncias que recibe de REMA. “Es hora de que la impunidad de la mineras canadienses, que solo traen muerte y contaminación en México y toda América Latina, acabe ya”, precisa. La demanda colectiva ante CIDH, destacan, es importante no solo para este caso impune, sino para todos los defensores de los territorios y derechos colectivos que sufren un patrón de criminalización y muerte por parte de las mineras canadienses en Chiapas y en todo el país. Agradecieron el apoyo recibido y las muestras de solidaridad que se han multiplicado este año. La familia pidió continuar haciendo presión hasta obtener las declaraciones de funcionarios y dar con los asesinos materiales e intelectuales de Abarca Roblero. Hasta ahora suman el apoyo en este proceso legal que destacan “de largo aliento” de más de 200 organizaciones y personas que han firmado la petición en línea de Justicia para Mariano.