Oaxaca.-La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigió a la Fiscalía de Guerrero, cesar la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación integrada por el caso de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval Sánchez, detenida y torturada sexualmente, por la policía municipal de Tlapa, en septiembre pasado. En un pronunciamiento emitido la tarde de ayer, la RNDDHM condenó la estrategia orquestada por el gobierno de Guerrero que, señaló, busca restar fuerza y legitimidad a la denuncia interpuesta por tortura sexual de la defensora de los Derechos Humanos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez. La Red señaló que al denunciar penalmente los hechos de que fue víctima, Sandoval Sánchez volvió a ser violentada ahora por las instituciones de Guerrero, quien carece de protocolos de atención a víctimas de violencia sexual y de una visión de género. “Cabe destacar que, a más de un mes, no hay avances en la investigación y para justificar su falta de actuación y complicidad, el gobierno de Guerrero arguye que la denunciante no ratificó su alegato”, señala el pronunciamiento. La Red precisa que la tortura sexual contra la defensora Sandoval Sánchez, es el inicio de una cadena de violencias. Agrega que el 4 y 5 de octubre, recibió amenazas de muerte, y los días 7 y 8 del mismo mes su domicilio particular fue allanado y su vehículo abierto por la fuerza en la Ciudad de México así como que tras la denuncia pública de estos hechos, realizada el 22 de octubre pasado, los ataques se recrudecieron. Considera que la filtración de videos en medios de comunicación, responde a una acción ilegal y maquilada “desde una lógica evidentemente patriarcal y misógina”, cuyo fin es “manchar la imagen pública de la defensora y, con ello, a restar fuerza y legitimidad a su voz”. “Las 225 defensoras y periodistas articuladas en esta Red expresamos nuestra indignación por el manejo el tendencioso de estos videos, que abona a la revictimización de Yndira, y señalamos que su contenido no invalida la denuncia por las graves violaciones a Derechos Humanos que padeció, ni mitiga su importancia”. Denunciaron también “el manejo faccioso del caso ante la opinión pública, con la pretensión de que la sociedad se incline por una mujer o por la otra (la defensora que denunció versus la policía que la agredió), cuando para las integrantes de esta Red es claro que Yndira fue víctima de violencia sexual por parte de una agente del Estado y, en particular, de una institución con clara cadena de mando”. La RNDDHM se pronunció también contra los actos violentos cometidos contra la periodista e integrante de esta Red, Sanjuana Martínez, quien publicó información sobre este caso en el periódico La Jornada y que ahora es atacada en redes sociales a través de mensajes con connotación sexual, que buscan desacreditar su labor periodística cuestionar su credibilidad e intimidarla. Por todo ello, la Red de Defensoras exigió que se garantice la integridad física y psicológica de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval, y que cese la campaña que busca deslegitimar la demanda de justicia por la tortura sexual que vivió. A la Fiscalía de Guerrero le exigió que actúe con debida diligencia y que cese la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación; en tanto que se garantice a la periodista Sanjuana Martínez, la continuidad de su labor periodística en condiciones de igualdad y seguridad. La RNDDHM documentó que las agresiones a defensoras de Derechos Humanos (DH), de 2010 a 2014 sumaron 615: 118 en 2012, 189 en 2013, y 308 en 2014, entre ellas 36 asesinatos. Entre las agresiones documentadas por la Red, destacan las amenazas contra ellas o sus familias, difamación, violaciones sexuales, acoso y hostigamiento en redes sociales, allanamiento a casa; allanamiento a organizaciones; amenazas de agresión física; de muerte; criminalización; incomunicación; intento de allanamiento; intervención de correo electrónico personal; intimidación; persecución; seguimiento; tortura psicológica; tortura sexual; y vigilancia de domicilios. Muchos de los ataques, señala, culminan, en algunos casos, en el desplazamiento forzado y el exilio de las defensoras, así como en el cese de sus actividades.