Alberto Unda

Oaxaca.- El gobernador Alejandro Murat, ha afirmado en el discurso que no entregará la rectoría de la educación a la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, sin embargo falta que las acciones avalen el dicho ante la nueva oleada de violencia magisterial que como es habitual utiliza a normalistas de escudo humano así como a grupos de golpeadores especializados en tácticas de guerrilla para doblegar a las autoridades. Ceder será una traición a la sociedad oaxaqueña y un acto anticontitucional.

En un total halo de impunidad otorgada por la propia autoridad federal y estatal, el magisterio oaxaqueño, pretende ahora regresar a su red de corrupción establecida desde hace más de tres décadas bajo el  concepto a modo, de “ decisiones bilaterales” en el manejo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es decir que la élite sindical, decidirá que se hace o no con la educación y teniendo solo como mero trámite, el aval del gobernador Alejandro Murat para legitimar sus acciones  a costa de violentar los derechos de la niñez y la sociedad.

Mientras miles de familias afectadas por los sismo que perdieron sus hogares y que solo recibieron penosas cantidades que van de los 20 a los 120 mil pesos para reconstruirlas, la Comisión Política y la dirigencia encabezada por el normalista egresado de Ayotzinapan,  Eloy López Hernández, exprimen el erario estatal con demandas millonarias que nada tiene que ver con garantizar una mejor calidad en la educación sino con enriquecerse, obtener concesiones de transportes público como taxis, más plazas para parientes y su venta a sus propios agremiados y ahora van por recursos de programas sociales para financiar  su movimiento político-electoral.

Así es, el magisterio a entretejido todo un entramado de poder económico y político utilizando la defensa del pueblo desde hace más de 30 años en proyectos para lanzar a docentes en candidaturas a puestos de elección popular y desde ahí mantener la red de corrupción y saqueo del dinero público.

Baste un ejemplo, Azael Santiago Chepi, con todo el dinero obtenido durante su periodo como líder de la Sección 22, no solo financió su fallida elección a diputado federal en 2016, sino que ahora va  en busca de un escaño en el Senado de la República.

Mantenido el régimen de terror al interior y exterior de su sindicato, la actual dirigencia al igual que sus antecesoras, saben que con  la impunidad oficial de la que gozan no tardarán en doblar al gobierno estatal y federal, utilizando la coyuntura electoral.

   En estos momentos, se avocan a redondear una estrategia de confrontación por la vía de la violencia, echando por delante a jóvenes normalistas para que en un momento dado, sean quienes provoquen  operativos policíacos de tal suerte que tenga el pretexto para desatar toda su furiosa ambición contra la sociedad con bloqueos carreteros, secuestro de unidades de transporte, barricadas, vandalismo en centros comerciales y negocios así como homicidios dolosos cuando no dejan pasar ambulancias en emergencia o enfermos graves a centros hospitalarios.

Todo eso y  más es la Sección 22, la que busca implementar la bilateralidad  como nueva forma de disfrazar y justificar su brutal autoritarismo y corrupción  contra el pueblo de Oaxaca.

Para el gobernador, la bilateralidad  es una especie de disciplina que ha puesto a trabajar a su gobierno para tratar de encontrar soluciones a las enfermizas, radicales y absurdas “demandas” de los “trabajadores de la educación”.

Y es que ante su intención de dialogo, la  actuación magisterial le ha plantado la dramática realidad de enfrentarse una red delincuencia en la que incluso funcionarios del IEEPO se interesan en empoderarla.

Y es que la dirigencia ya dio por hecho que el gobernador Murat Hinojosa, les devuelve el IEEPO y así lo informaron a sus bases al indicar que  ya inician las negociaciones “bilaterales”, que en termino reales son unilaterales para que  la elite magisterial nombre director general, coordinadores y directores de área y jefes de departamento, repartidos entre sus círculos más cercano, y violentado derechos laborales de sus bases.

La palabra bilateral de acuerdo con el diccionario del periódico El País, significa: “acuerdo, negociación, etc., que atañe recíprocamente a dos partes”, pero el termino fue utilizado por la élite magisterial como sinónimo para disimular el fondo real de determinaciones unilaterales en materia administrativa y de implementación de su modelo educativo ilegal, revirtiendo la aplicación de la reforma educativa.

Porque agregar en la negociación oficial a la bilateralidad, implica recuperar el poder en el IEEPO cobrar sin trabajar, tener infinidad de prebendas, sin preocuparse en  cumplir con el contrato con el Estado de recibir un salario como funcionario pública por garantizar el derechos a la educación de casi un millón de niñas, niños y adolescentes que teóricamente están bajo su cuidado.

Murat Hinojosa  dialogo sí

La percepción pública indica que el mandatario estatal estaría cediendo ya ante la opresión de la Sección 22, que aun estando en momentos de emergencia en apoyo a la población damnificada, la élite magisterial, obligó a una mesa de negociación.

De ahí que cobre la mayor relevancia, el mensaje claro enviado por el gobernador que sentarse  con la élite de la  Sección 22, escucharlos, buscar alternativas a lo que demandan con arreglos posibles y viables, que estén al alcance de la administración estatal, no implica aceptar esa extraña condición de bilateral.

Murat Hinojosa reitera una vez más que su gobierno, es solo interlocutor ante las autoridades de la federación, responsables del tema educativo, pero de ninguna manera, puede resolver o tomar determinaciones, en asuntos que no son de su competencia.

"Lo dejo claro como gobernador, vamos a trabajar de la mano con el sindicato como lo hacemos con todos los sindicatos del estado, pero no les vamos a devolver el poder que ostentaban, porque yo no puedo ir en contra de la Reforma Educativa", precisó Murat Hinojosa.

Por ello, es  muy importante que con esa claridad, el mandatario estatal, transparente e informe a la sociedad que es lo que se negocia con la élite magisterial.

Estas reuniones deben ser abiertas y hasta transmitidas en el canal oficial del gobierno por tratarse de un asunto que es de alta prioridad como el velar por el respeto al derecho de la educación de la niñez y también de los derechos humanos de cada uno de las y los ciudadanos.

La rendición de cuentas, es una obligación del Estado cuando se trata del manejo de recursos públicos provenientes de la sociedad oaxaqueña.

De ahí que la transparencia se vuelve una aliada para el propio gobierno al avalar sus acciones en la legalidad dejando a la vista ciudadana el comportamiento magisterial al cual, ella tendrá que juzgar y demandar.

La sociedad espera entonces de su gobernador una defensa a ultranza de sus derechos pero se da por sentado que la élite magisterial desatará sus demonios hasta no ver  cumplidos sus caprichos.

De fiscal a fiscal

Guardadas las proporciones, en los últimos días, hemos vivido similar situación con dos fiscales "incómodos".

Uno, porque a punto de entregar los resultados de una minuciosa investigación, que afectaba directamente los propósitos del señor Peña Nieto, de perpetuarse en el poder echando mano de todas las trampas habidas y por haber, por eso no le convenía que Santiago Nieto Castillo, entregará el resultado de su trabajo en la compleja trama Odebrecht- Lozoya, por ello ordenó el despido, cese o como se llama del titular de la Fepade

Dos, el sainete que, desde hace semanas, se vive en el Congreso del estado, donde, tampoco les convenía, el fiscal o auditor de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano, funcionario “heredado" por Gabino Cué, porque según los ínclitos diputadas y diputados, "entorpecía" la rendición de cuentas o más bien parecía proteger sobre todo a alcaldes e integrantes del gabinete que a manos llenas, se clavaron la lana, en el sexenio anterior.

En el caso oaxaqueño, en las últimas semanas, los medios de información han dado cuenta del rumbo que ha seguido el caso del auditor que pelea como gato boca arriba, para no ser destituido de un cargo, para el cual -argumenta- fue electo hasta el 2018.

Altamirano Toledo, había logrado con amparos y argucias legales, retrasar su remoción y mientras trataba de negociar unos meses más de sueldo, con aguinaldo incluido, cuestión que parece no va a lograr porque recientemente un juez, paró en seco a Carlos, haciéndole saber, que no procedía el último amparo tramitado y debía agarrar sus tiliches e irse a casa con todo y cajas destempladas.

Pese a la resolución judicial con la cual el sainete referido, teóricamente estaría llegando a su fin, el asunto está entrampado, gracias a la lentitud y burocracia con la que actúan las y los integrantes de la LXIII legislatura.

Con la salida de Carlos Altamirano, desaparece también la Auditoria Superior del Estado, para dar paso a la dependencia que la sustituye: el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que hasta en sus siglas lleva la desaseada actuación de las y los legisladores: OSFEO.

Empeñados en nombrar con cuotas y cuates el OSFEO, los de la LXIII legislatura, llevan casi un mes barajando distintos nombres para el nuevo titular, así como por quienes serán los sub-auditores, sin concretar las designaciones, lo cual sigue retrasando la solución final a este sainete convertido en melodrama.

Porque en tanto no sean nombrados los integrantes del OSFEO, Carlos Altamirano Toledo, sigue en los hechos despachando como titular de la ASE y continúa dando patadas de ahogado,

A ver cuando las y los “insultantemente bien pagados”, legisladores de la LXIII, son capaces de ponerse de acuerdo en algo, sobre todo en un tema tan delicado como es con la fiscalización y la rendición de cuentas.

En lugar del “cuatachismo” y los recomendados, pues se habla insistentemente que el OSFEO, quedará integrado con ex funcionarios y amigos de los ex gobernadores: José Murat, Ulises Ruiz Ortiz y hasta de Gabino Cué.

En este importante asunto, debe prevalecer el compromiso institucional y la capacidad técnica de las y los nuevos integrantes del OSFEO, es decir deben imperar los principios constitucionales por encima de cualquier interés o criterio político.

Veremos con que batea de babas, salen al final de este procedimiento, las y los diputadas y diputados de la LXIII legislatura.

Transporte público y corrupción

Y siguiendo el ejemplo de la táctica violenta magisterial, habitantes  de la capital del estado, padecieron un desquiciamiento mayor, cuando camioneros, taxis y mototaxistas de la  Confederación de Trabajadores de México, (CTM), vulneraron el derecho al libre tránsito.

Otro bloque de interrupción de las actividades cotidianas estuvo a cargo de los también desprestigiados sindicatos de taxistas, quienes hicieron paros en distintos rumbos de la ciudad como protesta por la circulación de “taxis piratas”.

La molestia de los taxistas “color huevo”, es particularmente contra por lo menos 450 taxis “color Acción Nacional”,  cuyas concesiones vendió a precios multimillonarios el ex titular de la Sevitra, Carlos Moreno Alcántara.

Ante la denuncias de este gremio, pero sin ceder a prebendas, se impone que la Secretaría del Transporte se decida a aplicar la ley y proceder a revocar las concesiones porque estas son otorgadas a particulares para prestar el servicio de transporte público al que están obligados.

De acuerdo con la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Transporte y Vialidad es la encargada de aplicar y vigilar el cumplimiento de ésta y sus reglamentos.

Según el reglamento de la Ley de Transporte, en su artículo 115, fracción V, uno de los motivos por los que se puede revocar una concesión de transporte público es "porque se utilicen los vehículos destinados al servicio público, y especial de transporte, para el cierre de oficinas gubernamentales y el bloqueo de vialidades, por parte de concesionarios, permisionarios y operadores”.

Además, en el reglamento se especifica que otra de las causas de revocación de concesiones es porque el servicio sea notoriamente deficiente o carezcan con los requisitos mínimos de seguridad, comodidad o higiene o no esté en condiciones mecánicas adecuadas.

La mayoría de los vehículos que “los concesionarios”, utilizan para dar el servicio público, tienen notorias deficiencias e irregularidades, físicas y mecánicas.

Además, usan como conductores a verdaderos salvajes, a quienes les importa un comino, brindar una atención eficiente y respetuosa con los usuarios.

Todo ello ocurre a pesar de que la multicitada ley, prevé claramente que para vehículos de transporte en todas sus modalidades, existen multas que debieran aplicarse, en virtud que los concesiones y conductores incurren todo el tiempo en las causas más representativas señaladas por la ley, entre ellas:

Por abastecer combustible con personas a bordo, les deben aplicar como multa, hasta 20 salarios mínimos; por circular con aparatos de sonido con volumen excesivo, 20 salarios mínimos; circular con exceso de pasajes, 20 salarios mínimos y circular con puertas abiertas, 20 salarios mínimos.

Ingerir bebidas alcohólicas hasta 300 salarios mínimos; iniciar el movimiento del vehículo antes de que el pasajero termine su descenso, 100 salarios mínimos; permanecer más tiempo del necesario en las paradas establecidas, 10 salarios mínimos.

En el caso del transporte urbano tiene un apartado de multas exclusivamente para ellos entre las que sobresalen: interrupción del servicio sin causa justificada, debieran pagar hasta 100 salarios mínimos; negativa para prestar el servicio, 100 salarios mínimos; no respetar los descuentos para personas discapacidad, 100 salarios mínimos; por no reservar los dos asientos más cercanos a la puerta para las personas con discapacidad, 100 salarios mínimos.

Es decir, ley y reglamento hay, falta que la dependencia encargada de su cumplimiento, en este caso la Sevitra, actué responsablemente y evité que sigan adelante estas irregularidades que insistimos, ponen en grave riesgo a los usuarios y afectan el libre tránsito de las y los ciudadanos.

Por cierto una foto difundida por el gobernador en sus cuentas de twitter causó desconcierto social si se toma en cuenta la falta de calidad moral del Álvaro Reyes, represente de la CTM en Oaxaca y la brutal forma de actuar contra la ciudadania.

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