América Latina es la segunda región del mundo con mayor cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, luego del África sub-sahariana. Varias feministas de Argentina, Colombia y Guatemala indican que este flagelo es resultado de múltiples factores políticos, económicos, sociales y culturales que vulneran -desde las edades más tempranas- los derechos de las mujeres a vivir una vida digna y libre. [caption id="attachment_306287" align="aligncenter" width="420"] Imagen retomada de medgeneration.blogspot.com[/caption] Aspectos como la pobreza, la precaria educación, la falta de acceso a la salud, las escasas oportunidades para construir un proyecto de vida autónomo, entre otros, se configuran como formas de violencia ejercidas históricamente contra las mujeres, que afectan de manera específica a las niñas y adolescentes; no por casualidad son justamente las más vulnerables, las pobres, las menos educadas, las rurales, las indígenas y las afrodescendientes. Al consultar con expertas en el tema, afirman que en la ocurrencia del embarazo temprano incide la transmisión social de una ideología sobre la maternidad: “como máxima expresión de la realización femenina o como un regalo de Dios”, en la que influyen y perpetúan las iglesias conservadoras. En este sentido, una de las recomendaciones incluidas en el Informe Hemisférico de 2016 sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) es fortalecer el carácter laico de los Estados en la normativa y en las medidas a adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las niñas y el embarazo infantil en la región. La ginecóloga y docente Gloria Penagos, quien participó durante 8 años en programas locales y regionales exitosos de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Antioquia, Colombia, sostiene que “existe una cultura que no se modifica y en su base está la trasmisión de que uno de los trabajos grandes que hay en la vida es ser madre”. La cultura machista que alcanza su máxima expresión en la violencia y el abuso sexual contra las mujeres, según la doctora Penagos, “es el nodo central de la problemática del embarazo en niñas y adolescentes, pues se oculta, no se reconoce”. VIOLENCIA SEXUAL Y RELACIONES INEQUITATIVAS Los embarazos en niñas menores de 14 años son consecuencia de relaciones asimétricas, obligadas o producto del abuso, afirman las voces feministas consultadas, aunque la Organización Panamericana de la Salud, en su Boletín Informativo de julio de 2015, sólo reconoce que entre 11 y 20 por ciento de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de la violencia sexual. Para la doctora argentina Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, “preocupa el aumento del embarazo precoz en las menores de 15 años”, tomando en cuenta que en esa edad todas las relaciones sexuales se consideran no consentidas y, por lo tanto, son resultado de un abuso sexual. Al coincidir con Bianco, la doctora y directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva guatemalteca Mirna Montenegro, enfatiza que ocurre el delito de violación sexual en todos los casos en que una niña se convierte en madre. Agrega que “la mayoría de estos crímenes se comete dentro de la familia y los agresores son padres, abuelos, hermanos, padrastros, hermanastros, tíos o primos”; cuestión que -resalta- tiene que tomarse en cuenta en las propuestas de prevención. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia reportó, que en 2016, de los exámenes que se practicaron a niñas entre 10 y 13 años de edad por presunto delito sexual, 76 por ciento ocurrieron en el interior de las viviendas y en 88 por ciento de los casos, el presunto agresor fue una persona cercana a la víctima: se trató de un familiar (43.3 por ciento) o un conocido (26 por ciento), fueron los más frecuentes. En contextos históricos marcados por conflictos internos con participación de varios grupos armados (guerrillas, paramilitares e instituciones de seguridad pública), las niñas y adolescentes han sido objeto de agresión sexual como táctica de guerra. De acuerdo con la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, la incidencia del embarazo en adolescentes es dos veces mayor que el promedio nacional el cual se ubica en 20.9 por ciento. En opinión de la integrante del grupo guatemalteco Mujeres Transformando el Mundo Paula Barrios, existe una indiferencia social sobre cómo apoyar a las niñas y adolescentes a quienes se les impone un embarazo como consecuencia de una violación sexual, “sólo se les obliga a permanecer en el ámbito doméstico, perdiendo así su proyecto de vida”. REGISTROS DEFICIENTES Contar con un panorama completo de las cifras que registran las instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto espontáneo o por interrupción voluntaria. A los subregistros que existen en Argentina, Colombia y Guatemala, se suma la falta o incongruencia de algunas categorías de los datos publicados por los organismos del Estado, lo que dificulta el análisis de estadísticas para determinar, por ejemplo, las afectaciones específicas de niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes.   INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: ¿PERMITIDA O PROHIBIDA? En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina y Colombia está despenalizado el aborto cuando existe una violación sexual, pero ello no significa que todas las niñas y adolescentes que así lo decidan tengan acceso a recurrir a esta medida en condiciones seguras. Para el caso de Argentina, el Artículo 86 del Código Penal de la Nación determina que el aborto se encuentra despenalizado cuando el embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación. En Colombia, a partir de 2006 se despenalizó el aborto en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual; cuando la vida del feto es inviable fuera del útero; y cuando peligra la salud o vida de la madre. La legislación en Guatemala lo permite únicamente cuando la vida de la madre corre peligro. Con el propósito de que niñas y adolescentes guatemaltecas tengan acceso al aborto seguro, la agrupación Mujeres Transformando el Mundo, elabora un mecanismo legal que permita la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, como una medida de reparación digna hacia las víctimas para que continúen con su proyecto de vida, explicó la abogada Paula Barrios. Los grupos feministas latinoamericanos que reivindican la despenalización del aborto aseguran que el embarazo forzado viola los derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales, además perpetúa la violencia sexual y la violencia estructural, sobre todo cuando a niñas y adolescentes se les niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción del embarazo. Desde 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la discriminación de género que sufren las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados es con frecuencia minimizada, pues dada su edad son consideradas como un mero objeto de tutela. A las niñas se les coloca en situación de desventaja cuando presentan denuncias de violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con la imaginación exacerbada, de modo que sus testimonios y declaraciones son utilizados para disminuir la sanción al agresor, señala la CIDH. ALTERNATIVAS PARA DESESTRUCTURAR LA SUBORDINACIÓN Para abordar la problemática de los embarazos tempranos, las feministas entrevistadas mencionan varias iniciativas, entre ellas, destacan: deconstruir la ideología patriarcal que reproduce la subordinación de las mujeres. En opinión de la guatemalteca e integrante de la Organización de Mujeres Tierra Viva, Alma Odeth Chacón, hay que abordar esta problemática desde el ámbito de la violencia sexual porque se sigue sosteniendo que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados sexualmente y esto está dañando las vidas de niñas y adolescentes. La representante de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, Marta Godínez, propone “establecer diálogos entre mujeres, niñas y adolescentes sobre las posibilidades de construir un mundo diferente, qué piensan sobre su sexualidad y sus afectos, qué quieren ser en la vida y cómo quieren ser tratadas”. Precisa que cualquier medida de prevención tiene que tomar en cuenta sus opiniones, asimismo, reconocer que en Latinoamérica se han impuesto ideas y actitudes de subordinación a las mujeres, “nos han mandatado a ser objetos, a ser propiedad de otros y otras, si no comprendemos esa lógica va a ser muy difícil desestructurar esos pensamientos”, resalta Godínez. La Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, recomienda, “garantizar la educación sexual integral desde una edad temprana y en los distintos niveles etarios”. De igual manera sugiere: “proveer servicios de salud amigables que permitan a las niñas y jóvenes acceder a métodos anticonceptivos conforme a su edad y sin autorización de sus padres, hay que mejorar la consejería anticonceptiva y diversificar la información sobre métodos anticonceptivos, entre otros aspectos”. Además hay que hacer extensiva la educación sexual a padres y madres, “dado que es en los hogares donde más se comenten los abusos sexuales y adicionalmente generar propuestas de masculinidades conscientes para que los hombres piensen en la responsabilidad que tienen sobre el embarazo y su paternidad”, afirmó la Directora Técnica del Centro de Desarrollo Social de Barranquilla, Colombia, Nazly Mulford. Otras alternativas se refieren a que profesionales de la salud y la educación promuevan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no se limiten a compartir información sobre infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, opinó la doctora Penagos, quien asegura que es crucial superar barreras culturales que impiden que las mujeres tomen decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad, lo cual implica brindar herramientas para decidir cuándo sí y cuándo no, con quién y con qué medidas de protección. Muchas alternativas quedan por ejecutar, pero quizás este reporte interpele a familiares, profesionales, activistas, personal de instituciones públicas y funcionarios de gobiernos locales y nacionales para que se comprometan en acciones que contribuyan a erradicar esta problemática que provoca dramáticas secuelas en la vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina. * Integrantes de la Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas