Comunicado

Oaxaca.- A pesar de las reiteradas declaraciones del director del diario Marca, José Manuel Ángel Villareal, al afirmar que el reporte de Protección Civil estatal, emitido en el año 2015, representa un documento de valor técnico sobre un supuesto riesgo de contaminación de un ducto de agua potable, la realidad es que dicho documento es únicamente un compendio de valoraciones y meras opiniones carentes de cualquier base técnica, incluso por encima del dictamen del mismo SAPAO del 2017, señaló el representante de la gasolinera Brenamiel, Gerardo Reyes Martínez.

El representante, remarcó que desafortunadamente, el juez Pedro Guerrero Trejo quien emitió la prohibición para que la gasolinera sea surtida de combustible, descartó valorar debidamente el total de los documentos técnicos, emitidos por organismos especializados, auténticas autoridades en seguridad industrial y ambiental.

Reyes Martínez, amplió que resulta ináudita la forma en que el juzgador evitó valorar dichos documentos incluyendo el dictamen del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), que además de realizar pruebas químicas y microbiológicas al agua, el pasado 8 de marzo de 2017 remarcó lapidariamente que: “...no existe riesgo de contaminación del agua, que circula en la línea de conducción de agua potable...”.

Es decir, el organismo fue claro al añadir que no existe riesgo de contaminación, lo cual coloca al reporte de Protección Civil como un documento carente de cualquier valor, desfasado y obsoleto, incluso la dirección del reporte no corresponde al domicilio de nuestra estación -dijo Reyes Martínez- razón más que suficiente para que el juez Guerrero Trejo desestime dicho documento por resultar inútil, sin valor y viciado de origen y así no trastocar las bases de equidad y el debido proceso en la administración de la justicia, asentó Reyes Martínez.

Detalló que solamente el dictamen de SAPAO, es lapidario en contra de los argumentos del pequeño grupo de quejosos que ha basado su embate legal por encima de dictámenes y revisiones de entidades como: la Agencia de Seguridad Industrial, Energía y Protección al Medio Ambiente, dependiente de la SEMARNAT; de la Comisión Reguladora de Energía; y de inspecciones por parte de PEMEX, mismos que de manera, también inexplicable, no han sido considerados en la defensa de la empresa.

Refirió que la supuesta afectación a la tubería es un mito creado por los quejosos, sostenido artificialmente por un juez que, de manera inusitada, tomó un reporte emitido por una dependencia estatal carente de experiencia en matería de seguridad e instalaciones de expendio de combustibles.

Finalmente, el representante externó que la defensa del caso buscará que el juzgador se apegue al debido proceso y realice una valoración de pruebas completa para evitar la sospecha de tráfico de influencias o favoritismo hacia el grupo de quejosos, entre los cuales se han ventilado públicamente, nombres de familiares de políticos del sexenio de Gabino Cué y funcionarios municipales, entre otros.