Oaxaca.- El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual establece penas de entre 40 y 60 años de prisión para los funcionarios que priven de la libertad a una persona y se nieguen a informar su destino o paradero. Durante el evento, realizado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario afirmó que este nuevo marco legal pone fin a décadas en que no se había querido reconocer un problema que ataca a la sociedad, establece una base sólida para sistematizar un esquema de búsqueda de desaparecidos y pugna por hacer justicia a las víctimas de desapariciones forzadas. Previamente, el presidente de la República se había reunido con familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones y colectivos y reconoció el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia. Aseguró que habrá un plazo de 60 días para realizar un conjunto de acciones que sistematizará la instrumentación de esta legislación, entre ellas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que conducirá las acciones, y la conformación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre algunas de las principales medidas que se desprenden de la legislación. El jefe del Ejecutivo reconoció que la desaparición de un hijo, un hermano, un padre, es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una persona, por ello, patentizó su solidaridad con los familiares de las víctimas a quien también les expresó que tienen el legítimo derecho de que se les haga justicia. Afirmó que con la promulgación de esta ley habrá un antesy un después en el tema de las desapariciones forzadas, aunque admitió que el marco legal es apenas un primer paso al que deberán seguir un conjunto de acciones que hagan efectiva su aplicación. Peña Nieto señaló que pedirá a los congresos y gobiernos estatales que instrumenten las acciones corresponsables en el plano local, pues el enfrentar el problema de las desapariciones involucra a los tres niveles de gobierno. Reiteró que la construcción de este nuevo marco legal que regirá en materia de desapariciones forzadas no hubiera podido concretarse sin el impulso que dieron las organizaciones sociales, y destacó que su aportación fue fundamental para elaborar una legislación que fue aprobada en el Congreso por todas las fuerzas políticas sin excepción. El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó esta ley, luego de dos años de debate.  La ley establece la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.