Agencias Lima, Perú.-El avance del caso Odebrecht profundiza la crisis política peruana. El fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato, ha interrogado la mañana de este jueves al presidente Pedro Pablo Kuczynski acerca de su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital, con sede en Estados Unidos, a las que la constructora brasileña Odebrecht contrató entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría. A la misma hora, Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular (que hasta el viernes pasado era la mayoría opositora), respondía en una fiscalía de lavado de activos por los supuestos aportes que recibió de Odebrechten la campaña electoral de 2011 y otros fondos supuestamente recaudados mediante “rifas y cocteles” ese mismo año y en 2006. El exbanquero de inversión fundó Westfield Capital en 1992. La firma recibió de Odebrecht, entre 2004 y 2007, 782,207 dólares por reembolsos, comisión fija y dos asesorías financieras. Kuczynskifue ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2005, y luego primer ministro hasta julio de 2006. En ese período, la empresa Odebrecht se hizo de la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que terminó de construirse luego de sobrevaloración y cuestionamientos técnicos de la Contraloría. Por otra parte, First Capital fue creada por el socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y consigna el mismo domicilio que Westfield. El presidente declaró la semana pasada en mensajes televisados y en el Congreso, durante la sesión del jueves 21 que debatió su destitución, que cuando asumió como ministro delegó las operaciones al gestor Sepúlveda y que no se enteró de los contratos de su empresa con Odebrecht. La empresa brasileña aclaró en una carta que los servicios prestados por ambas empresas están en la contabilidad legal de Odebrecht, y no en el Departamento de Operaciones Estructuradas, el área encargada de los sobornos a políticos y funcionarios en América Latina y África para obtener concesiones, contratos y arbitrajes a su favor. La lista de pagos de Odebrecht fue difundida por parlamentarios de Fuerza Popular hace dos semanas y condujo al debate de destitución presidencial. Kuczynski la evitó con los votos del congresista Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios fujimoristas disidentes que buscaban el rápido indulto del autócrata Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Kuzynski enfrenta una ola de protestas desde la noche del 24 de diciembre debido a la negociación que realizó para librarse de su destitución. Este jueves se han realizado manifestaciones contra el indulto en Sidney, Barcelona, Londres y Madrid, y por la noche (hora de Lima) habrá una marcha nacional en Lima y una decena de ciudades bajo el lema “Indulto es insulto”. Esta no ha sido la primera citación por el caso llamado ‘fujicocteles’ para la hija mayor de Fujimori. Sin embargo, por primera vez responderá a las autoridades sobre la anotación del ex presidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en su móvil: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar 500 a Keiko y la visitaré). El 7 de diciembre pasado el fiscal José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular para recoger documentación sobre las campañas electorales 2011 y 2016 y, posteriormente, hizo lo mismo en el Organismo Nacional de Procesos Electorales, el ente al que los partidos políticos deben reportar por ley los detalles de sus fondos utilizados en las campañas electorales. La hipótesis de Pérez es que el fujimorismo preparó una contabilidad paralela, y que las supuestas rifas y cócteles que reportan como medios para recaudar dinero esconden la procedencia real del dinero. El caso ya se ha llevado por delante a dos expresidentes: Toledo, para quien el fiscal Castro prepara un cuadernillo de extradición que debe entregar en breve a Estados Unidos, debido a que presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos, y Ollanta Humala, en prisión preventiva desde julio por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011. De todos los investigados –incluidos Alan García y la exalcaldesa Susana Villarán– estos dos son los más débiles, sin partido político ni una red que los defienda en su país. Mientras, precisamente esta semana, el juez Richard Concepción Carhuancho, uno de los pocos magistrados populares entre los peruanos, que dictó la orden de captura contra Toledo en febrero y la prisión preventiva contra Humala y su esposa Nadine Heredia, quedó fuera del caso Odebrecht, luego de una resolución de cambios en el Poder Judicial, lo que allana el camino para un cambio en las decisiones judiciales sobre este caso que está devorando la política peruana. Via EPS