Oaxaca.-En 2015, las entidades ocuparon 3 mil 894 millones de pesos destinados a servicios de salud para el salario de personal comisionado en otras dependencias, pagos sin facturas, licitaciones irregulares para comprar insumos o simplemente tienen subejercicio, es decir, no lo ejercieron y aún lo tienen en sus cuentas bancarias. Guerrero es la entidad con el monto más alto de malgasto: mil 248 millones de pesos, es decir 32% del total de recursos ejercidos irregularmente en el país. Mientras que Michoacán, con 10% de su presupuesto sin gastar (275 millones de pesos), es la entidad con mayor subejercicio. Esto es parte de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015. Los casi cuatro mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por los gobiernos de los estados es equiparable al recorte que sufrió el sector salud en 2015: 3 mil 339 millones de pesos en el Ramo 12 (Salud). El recorte de 2015 impactó sobre todo en los rubros: Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, con una disminución por mil 183 mdp, Seguro Médico Siglo XXI, con 539 mdp menos y Proyectos de Infraestructura Social de Salud (400 mdp). La Auditoría comprobó que ninguno de los gobiernos estatales tuvo un ejercicio “satisfactorio” de recursos, toda vez que cometieron 10 tipos de irregularidades: pagos a personal que no se estaban en su área de trabajo o está comisionado a otras dependencias (980 millones de pesos). Los estados tuvieron un subejercicio por 992 millones de pesos, sobre todo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. La Auditoría detectó diferencias entre el saldo de las cuentas bancarias donde recibieron los recursos y lo que gastaron por 990 millones de pesos en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Estado de México y Michoacán. Los gobiernos se quedaron con 801 millones de pesos que debían ser destinados a las aportaciones al FOVISSSTE (prestaciones de los trabajadores) y para la declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pagaron 209 millones de pesos por conceptos no contemplados por el Fondo como cuentas atrasadas de ejercicios fiscales anteriores y erogaron 279 millones de pesos para pagar a personal de honorarios sin que existieran los contratos que comprobaran la relación laboral. En ese caso están Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas. Lee: ¿Cuántos tienen acceso a la salud mental en México? Campeche, Coahuila, Chiapas y Tabasco no comprobaron con facturas el gasto de 232 millones de pesos, comprobar el gasto o el pago de contratos. También ocuparon el dinero para pagos de nómina no autorizados por el Fondo como compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, medidas de fin de año a mandos medios, entre otros. Las entidades no devolvieron a la tesorería de la Federación 110 millones de pesos de rendimientos financieros por los recursos que recibieron. Mientras 319 millones de pesos fueron erogados sin que hubiera evidencia de los expedientes de licitación y de obra pública o pagos no autorizados. El Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) funciona desde 1998 como una mecanismo para transferir recursos desde la Federación a las entidades federativas y municipios. En 2015 el Fondo distribuyó 77 mil millones en todo el país. El objetivo es proporcionar servicios de salud a la población que no está integrada a ningún régimen de seguridad en salud, es decir, es la manera en proveer algún tipo de atención médica y entrega de medicamentos en las zonas del país más desprotegidas. Guerrero, el primer lugar en irregularidades Guerrero recibió 3 mil 196 millones de pesos como parte del Fondo para salud; sin embargo, 39% de los recursos que recibió (mil millones 248 mil pesos) lo ejerció de manera irregular y, por tanto, debe regresarlo a la Federación. De ese monto por irregularidades, el gobierno de Guerrero pagó a 5 mil 665 aviadores y exempleados, según el análisis de la Auditoría. Por ejemplo, erogó 972 millones de pesos “a personal que no se encontró en su centro de trabajo”; 235 millones de pesos para personal eventual sin contar con el contrato y un millón de pesos por pagos a personal después de ser dados de baja. Lee: Médicos protestan contra el recorte al presupuesto del sector salud y exigen más seguridad El gobierno estatal tampoco presentó las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) por un monto de 86 millones de pesos. Por tanto, la Auditoría promovió una sanción al gobierno de Guerrero ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado para que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que cometieron las irregularidades. Animal Politico