Oaxaca.En México, las empresas gastaron en 2016 alrededor de 1.6 mil millones de pesos en actos de corrupción que involucran a autoridades, como la agilización de un trámite, la autorización de un permiso o evitar multas o sanciones. El director de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Adrián Franco Barrios, informó que los estados donde las empresas perciben mayor corrupción son Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México. Sin embargo, los cinco estados en donde los inversionistas gastaron más en actos de corrupción fueron Quintana Roo, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes y Nuevo León. empresas instaladas en México consideran que son “frecuentes” los actos de corrupción impulsados por servidores públicos. En el evento encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio A. Santaella, y el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, el director de Estadística añadió que las delegaciones en donde se advierte mayor corrupción son Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Por su parte, el titular de la SE comentó que dicha encuesta contribuirá a que “podamos afinar la puntería en todos los niveles de gobierno” y en el Poder Judicial de la Federación, para poder mejorar los esquemas de productividad y desarrollo de las empresas. Primera vez que INEGI hace esta encuesta Conforme a referencias de Adrián Franco, los 1.6 mil millones de pesos del mencionado costo de la corrupción en 2016 es un dato único y no se tiene referente como tal hacia atrás porque es la primera vez que se hace dicha encuesta. Durante 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Es decir, un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica. De acuerdo con la Encrige, los costos monetarios de cumplimiento de las regulaciones en 2016 se estimaron en 115.7 mil millones de pesos, que representan 0.56% del PIB (Producto Interno Bruto) nacional. “En 64.6% de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4% se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos”, destacó la información proporcionada por el INEGI. Según el organismo, del total de las unidades económicas, en 20.2% se señaló que el marco regulatorio (es decir, aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad), representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios. En otro punto, la información revela que “en promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastaron 48 871 pesos por cargas administrativas y en la mitad de las unidades económicas (50.9) se consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2016 fueron mayores o siguieron igual de pesadas en relación con las de 2015”. En base a datos del Instituto, la Encrige se levantó del 31 de octubre al 15 de diciembre de 2016 con el método de entrevista directa-presencial con la persona con mayor jerarquía en el establecimiento económico. El tamaño de la muestra fue de 34,681 unidades económicas, con una cobertura geográfica a nivel nacional y por entidad federativa.