Oaxaca.-En el marco de la Semana Nacional de Transparencia en las entidades federativas, promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la magistrada Ana María Cruz Vasconcelos, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas y la Jueza Sexto de lo Civil del Centro, Jessica Maribel Arango Bravo, impartieron la conferencia Administración de Justicia como servicio público. En la ponencia, ofrecida en la Casa de la Cultura Jurídica de la ciudad de Oaxaca, intervino también la doctora Socorro Apreza Salgado, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien junto con las servidores públicas judiciales coincidió en que es indispensable avanzar en la remoción de obstáculos de índole cultural, económico y educacional que impactan en el acceso igualitario a la justicia. Resaltaron que hay brechas y barreras como la lingüística, la cultura de las comunidades, el insuficiente personal en las instancias de procuración y administración de justicia, las prácticas discriminatorias y la falta de uso por parte de los juzgadores de los principios de interpretación de los derechos humanos para resolver los conflictos, que no favorecen una justicia pronta y expedita en la entidad. La magistrada Cruz Vasconcelos indicó que la administración de justicia es un servicio público básico, esencial para el funcionamiento y bienestar de la sociedad. “Hay que reconocer que la sociedad tiene una percepción negativa de este servicio y el fracaso de la justicia en su tarea de hacer efectivos los derechos de los ciudadanos se ve como un fracaso de Estado. De la justicia no se exige ahora solamente que sea independiente e imparcial, sino también que sea eficaz”, destacó. Por su parte, la Jueza Sexto de lo Civil del Centro señaló que la actuación de los jueces se encuentra bajo la lupa ante una sociedad cada vez más informada, por lo que quienes tienen esta responsabilidad deben procurar una actuación basada en la confianza, credibilidad, confidencialidad, profesionalismo, imparcialidad, compromiso institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Las actividades de la Semana Nacional de Transparencia en las entidades federativas buscan el fortalecimiento de los estándares de servicio a los justiciables y abonar a la confianza de la sociedad.