Con su testimonio, Patricia, fue la protagonista de un momento incómodo para la delegación mexicana que este jueves se presentó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en San José, Costa Rica, para escuchar los testimonios de once mujeres que responsabilizan al Estado mexicano de ordenar la violencia sexual que vivieron hace 11 años y seis meses. La declaración fue inusual porque si bien en México es sabido que Peña Nieto asumió públicamente ser el responsable de los operativos, no se esperaba escuchar el nombre del Presidente de la República en un proceso ante el organismo internacional donde no se juzgan las conductas de funcionarios públicos sino las violaciones a Derechos Humanos cometidas por un Estado y los mecanismos para reparar el daño. En el relato de Patricia, quien fue detenida y violentada el 4 de mayo de 2006, fue recurrente la exigencia que “se sepa la verdad” sobre lo sucedido durante la incursión policiaca de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales, lo que dejó como saldo 207 detenidos, entre ellos 31 mujeres que denunciaron abusos sexuales. Para aclarar el sentido de esta petición, el juez Patricio Pazmiño Freire peguntó a Patricia a qué se refría con “la verdad”, entonces ella fue contundente: “en el 2006, después del operativo salió el que entonces era el gobernador de Estado de México… a decir que yo era una mentirosa porque todo lo que yo estoy declarado había sido aprendido en manualitos”. Cuando la joven hablaba, el juez Pazmiño Freire la interrumpió para preguntar: “¿Quién era el gobernador?”. “El licenciado Enrique Peña Nieto”, respondió ella. El nombre hizo alzar las cejas al juez y a algunos asistentes del público, en su mayoría universitarios de Derecho que seguían el desarrollo de la sesión. Patricia se refería a la declaración que en 2006 hizo el entonces gobernador. “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”, dijo Peña Nieto en aquel año. El caso de las Mujeres de Atenco ha perseguido al priista. El 11 de mayo de 2012 el entonces candidato presidencial fue increpado por este hecho por estudiantes de la Universidad Iberoamericana a quienes dijo: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para reestablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”. Desde entonces y hasta ahora, el gobierno mexicano se ha empeñado en asegurar que el despliegue de los elementos policiacos fue una decisión para recuperar la paz en los municipios mexiquenses; una acción que, aseguran, fue validada a través de una investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que se reconocen violaciones a Derechos Humanos. Para Patricia, igual que para Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes declararon ayer, un operativo de esta magnitud fue una estrategia planeada que se sigue implementando en México, por lo que pidieron un pronunciamiento de la CoIDH respecto al uso de la fuerza pública. Fue un operativo tan cruel y despiadado, que en su opinión, no se le ocurrió a unos cuantos policías y menos si sabían que no iban a ser investigados ni castigados. “Sé que no se mandan solos”, dijo Patricia. La Audiencia en la Corte Interamericana concluirá este día cuando la delegación del Estado mexicano, conformada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales Flores; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Erasmo Alonso Lara Cabrera; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; el fiscal central jurídico del Estado de México, Germán Castillo Banuet y el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Luis Francisco Fierro Sosa, presenten sus alegatos sobre lo que ha realizado el Estado para que las víctimas accedan a la justicia. 17/AGM/LGL