Oaxaca.- Quien afirme que la Ley de Seguridad Interior implica la militarización del País es ignorante de la legislación, afirmó el vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez. El funcionario afirmó que esa iniciativa no sólo le beneficia a las Fuerzas Armadas para tener un marco legal de acción, sino también a los ciudadanos para conocer cuáles son sus garantías. "Es bien importante que tengamos la conciencia los mexicanos de que las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo muy importante para colaborar con los gobiernos estatales, necesitan tener garantías en la ley.

"De manera tal que esta ley le da absoluta garantía tanto a la ciudadanía como a las Fuerzas Armadas", dijo al salir de Palacio Nacional, luego de participar en el encuentro entre el Presidente Enrique Peña Nieto y burócratas. ¿No se militariza el País?, se le cuestionó. "De ninguna manera, el que está diciendo eso es ignorante de la ley. Que me digan en dónde dice eso el proyecto de ley aprobado. Yo sugeriría que la leyeran y me dijeran dónde dice eso", atajó. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aceptó que "el gran reto" es tener una presencia legal de las Fuerzas Armadas en lugares donde es imprescindible que sea compatible con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones civiles. "Ese es el gran reto. Hoy en el mundo uno puede ver presencia de fuerzas militares frente a condiciones extraordinarias. No hay ciudad en Europa donde los militares no estén presentes ante el riesgo del terrorismo. "Y en México vivimos una situación extraordinaria por la fuerza del crimen organizado, y necesitamos garantizar que la presencia de las Fuerzas Federales esté apegada a la legalidad y se respeten los derechos humanos", añadió. Argumentó que es mejor tener una ley que no tenerla, pues ahora existe una presencia con una legalidad precaria, por lo que urge un marco legal que establezca el cómo, cuándo y por qué. "Hoy yo le puedo garantizar que no hay peor violación a los derechos fundamentales que lo que el crimen organizado hace en algunas regiones del País, es brutal lo que sucede. "Eso no justifica que el Estado viole las garantías y derechos humanos, pero sí tenemos una condición absolutamente extraordinaria", agregó.